Con trabajadores de otros ferrocarriles, el partido "Obrero" realizó el corte en Avellaneda que provocó los disturbios en Constitución. Sobre el grave problema del acceso a la tierra urbana se montan otras operaciones políticas de desgaste. Tanto los obreristas como el ex senador Duhalde intentan revivir las jornadas de diciembre de 2001, pero sólo logran conatos aislados y fugaces, en un país volcado al consumo y el esparcimiento.
Los trabajadores tercerizados de la línea Roca que negocian su incorporación plena a la empresa ferroviaria no participaron en el corte de vías del jueves a la altura de Avellaneda. El acampe en las vías fue organizado por un pequeño grupo de dirigentes del partido "Obrero", que trajo para ello a trabajadores tercerizados de otras líneas. El corte interrumpió el servicio y dio lugar a bien preparados disturbios en Constitución, cuando los obreros que intentaban regresar a sus casas llegaron a la terminal y fueron informados de que no corrían los trenes. Un compacto grupo de jóvenes comenzó la pedrea, a la que luego se sumaron algunos pasajeros, indignados por la imposibilidad de viajar. No queda claro si los primeros atacantes pertenecían al mismo grupo que los responsables del corte, porque actuaron sin ninguna identificación ostensible y porque en general el partido "Obrero" reivindica sus acciones.
Mil y sesenta
El 20 de octubre, luego de un similar intento de corte fue asesinado el estudiante Mariano Ferreyra y herida la trabajadora informal Elsa Rodríguez. La conmoción por el episodio aceleró las negociaciones que esos trabajadores venían realizando en el ministerio de Trabajo de la Nación. En esa mesa se había acordado que el lunes 20 el ministerio firmaría la resolución por la cual a partir del 1 de enero un millar de trabajadores tercerizados pasarían a la planta permanente de la empresa principal. En varias de las cooperativas truchas creadas para reducir costos laborales participan familiares de dirigentes del gremio, como su secretario general desde hace dos décadas José Pedraza. Los trabajadores cobran la mitad que los ferroviarios legales. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Sólo se prolonga el desacuerdo sobre sesenta personas que, según la empresa, no pueden pasar a la planta permanente porque la limpieza de los baños que realizan es retribuida por las propinas de los usuarios. El Ministerio de Trabajo propuso prorrogar el plazo para el análisis de estos sesenta casos hasta el último día de este año. El resto de los trabajadores tercerizados del Roca ya llenaron los papeles requeridos y pasaron por la revisación médica correspondiente. La firma del documento de alta temprana, que formalizará su carácter de empleados de planta del Estado, estaba prevista para el lunes 20 pero se corrió una semana, aunque sin alterar el momento de la incorporación efectiva. Por eso los trabajadores del Roca habían resuelto aguardar hasta mañana, lunes 27, sin nuevas medidas de fuerza. El partido "Obrero" no aceptó la demora y organizó el corte en Avellaneda con trabajadores tercerizados de las líneas Belgrano Sur y Mitre. El empleado de la Legislatura porteña Néstor Pitrola, que dirige esa agrupación de la clase media radicalizada, participó de los encuentros de urgencia realizados en el Ministerio de Trabajo mientras la temperatura subía hasta los 35° C y aumentaba la afluencia de público a Constitución. Siete dirigentes y activistas de la Unión Ferroviaria están detenidos y procesados por el asesinato de Ferreyra, y la jueza Susana Wilma López debe decidir sobre el pedido de procesamiento del propio Pedraza, formulado por la fiscal Cristina Caamaño antes de pedir licencia para asumir como Secretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Seguridad. Esa designación no parece confirmar las consignas del partido "Obrero" acerca de una presunta complicidad del gobierno nacional con Pedraza.
Visera, mochila y pañuelo
Pitrola se levantó de la mesa de negociación a las 18 del jueves, sin que se hubiera llegado a un acuerdo. Minutos después unos veinte hombres jóvenes, que llevaban gorros con visera que dificultaban su identificación, mochilas aptas para cargar piedras y en muchos casos pañuelos poco apropiados para el clima tórrido pero convenientes para cubrirse el rostro, comenzaron a apedrear los cerrados accesos a la terminal ferroviaria, donde una reducida guardia de infantería de la Policía Federal les cerraba el paso. Esa escasa fuerza les vedó el acceso a la estación pero fue insuficiente para impedir que saquearan algunos locales de calzado y de venta de bebidas, cuyas botellas fueron empleadas como proyectiles. Ese grupo emblemático de la paleoizquierda fue pionero de las candidaturas testimoniales y está en campaña contra el gobierno nacional por la ley electoral que las prohíbe, al exigir un piso mínimo de votos que los obreristas no alcanzan. Dada su pureza ideológica les resulta imposible aliarse con otras fuerzas afines, a las que combaten con el mayor entusiasmo. El partido "Obrero" intenta reeditar cada 20 de diciembre las violentas jornadas de 2001. En el aniversario de 2003 un explosivo hizo volar un cesto de papeles en la Plaza de Mayo y causó heridas a 26 manifestantes. Pitrola lo atribuyó al gobierno, pero el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D'Elía afirmó que se trató de un autoatentado, dentro de un programa de agitación dirigido a desestabilizar al entonces flamante gobierno de Néstor Kirchner, e involucró en el intento al ex senador Eduardo Duhalde. Hoy como entonces, las sospechas sobre el origen de los actos violentos se van hacia esas direcciones. A ello contribuyó la elección del 20 de diciembre como fecha de lanzamiento de la candidatura presidencial de Duhalde, cuya principal oferta proselitista es el orden alcanzado por medio de la represión.
El discurso del método
En el acto de lanzamiento, al que asistió la esposa castrense Cecilia Pando, que considera presos políticos a los militares procesados, Duhalde coincidió en dos puntos centrales con otro político que ocupó la casa de gobierno sin el auspicio de la voluntad popular, Jorge Rafael Videla, quien leyó su alegato ante el Tribunal Federal que lo juzgó por el asesinato de 31 presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Para ambos cultores del hecho consumado los juicios por crímenes de lesa humanidad no son un acto de justicia sino de venganza y la violencia estatal es el principio fundante de la convivencia colectiva. Videla se jactó de haber prestado un "inestimable servicio a la nación agredida facilitando el restablecimiento del orden republicano democrático". Duhalde dijo que el gobierno había traído la violencia y que él reimplantaría el orden por medio de la represión. Ninguno ha aprendido ni olvidado nada, como el vizconde Chateaubriand decía de los Borbones después de la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón. El ex dictador citó el fallo de la Cámara Federal que lo condenó en 1985 para decir que el país vivió una guerra revolucionaria. Pero también recurrió a la justificación teológica, invocando a Santo Tomás de Aquino para caracterizar la represión generalizada que se desató sobre el país como una "guerra justa". Todo ello fue refutado hace ya 25 años. Los jueces Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio dijeron entonces que luego de estudiar las disposiciones del derecho de la guerra convencional y de la guerra revolucionaria o subversiva no encontraron ni una sola regla que justificara o exculpara a los autores de los hechos juzgados, ya que el homicidio, la tortura, el robo, el daño indiscriminado, la privación ilegal de la libertad "son antijurídicos para el derecho interno argentino. Son contrarios al derecho de gentes. No encuentran justificación en las normas de cultura. No son un medio justo para un fin justo. Contravienen principios éticos y religiosos".
Una pequeña diferencia
Un inconveniente difícil de salvar para este volver a vivir que intentan el partido "Obrero" y Duhalde reside en las ostensibles diferencias entre aquel diciembre y éste. Entonces, el establecimiento de un corralito bancario que dejó sin ingresos al sector informal de la economía culminó en forma estrepitosa una recesión de tres años, que destruyó millones de puestos de trabajo y endeudó al país. Los saqueos generalizados de entonces fueron un recurso de última instancia para proveerse de alimentos por parte de personas que en el mes previo habían perdido los precarios empleos con los que sobrevivían. El sindicalismo carecía de peso político y su resistencia a la desprotección de los trabajadores se limitaba a denuncias como la de Hugo Moyano sobre la compra de votos para la aprobación de la ley de precarización laboral. Ahora la desocupación ha retrocedido a niveles de hace tres décadas. La alta inflación no ha hecho mermar el consumo, que bate records cada mes, lo mismo que la producción industrial y la construcción, mientras el país reduce la deuda externa como porcentaje del PIB a su mínimo histórico desde el empréstito Baring de 1826. La Asignación Universal por Hijo se constituyó en el plan de transferencia de ingresos más significativo de la región, según el juicio del organismo de las Naciones Unidas para la región. En 2001 se vivía además una profunda crisis política. Consecuencia de tres gobiernos sucesivos que llegaron al poder con promesas que abandonaron al día siguiente de asumir para dedicarse a viabilizar las políticas de ajuste dictadas por el consenso de Washington, se había impuesto un descreimiento absoluto de la política y de las instituciones. La abstención en los comicios de octubre de aquel año fue la más alta desde que se llevan registros, mientras se instalaba la exigencia de una renovación total de la clase política, en la penetrante consigna "Que se vayan todos". Ante la imposibilidad de ejercer cualquier control político, el gobierno de la UCR ordenó la represión de las movilizaciones, sin asegurarse de qué forma la ejecutaban las fuerzas policiales y de seguridad, lo cual provocó cuatro decenas de muertos en todo el país.
Se fueron todos
Desde entonces, se fueron casi todos: sólo 27 diputados y senadores actuales ya lo eran en 2001, cruzaron de cámara o fueron sucedidos por un familiar, es decir apenas el 8,2 por ciento. Pero además de la renovación de personal, se produjeron cambios sustanciales de política, que obtienen diferentes respuestas de la sociedad. La frase tantas veces reiterada por Kirchner de que no había llegado a la presidencia para dejar en la puerta sus convicciones está en la base de una recuperación de la estima social por la política como instrumento de transformación, aunque para ello deba confrontar con los poderes fácticos que añoran la situación anterior. Luego de la descontrolada represión en el desalojo del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas, la presidente CFK ratificó la consigna de su antecesor en contra del empleo de armas de fuego ante manifestaciones y encaró la postergada reforma de las instituciones policiales, con la creación del Ministerio de Seguridad y la designación a cargo de Nilda Garré. Esa directiva no está exenta de desajustes, como los que se vieron el jueves en Constitución, cuando la pistola reglamentaria de un policía de civil de la comisaría del barrio asomó por debajo de la camisa que usaba para mimetizarse con los manifestantes y detener a quienes arrojaban piedras. Pero no hay comparación posible entre esa situación, que Garré detectó y corregirá, y la de 2001, cuando ni se ponía en tela de juicio el empleo de esos medios letales para enfrentar a personas furiosas pero desarmadas, que no pedían una vivienda o un transporte dignos, sino comer cada día.
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