Por Diego Fernández Romeral
Cuando nació su hija Martina, María Liz Robledo solo pudo
tenerla en brazos durante diez minutos. Apenas trató de darle la teta por
primera vez, la beba comenzó a despedir un líquido verdoso de su nariz que no
la dejaba respirar. María Liz la corrió de su pecho pero el proceso no se
detenía. Su hija se estaba asfixiando. Los médicos que llegaron a la habitación
y se la llevaron no le dieron explicaciones. Cuando uno de ellos volvió, le
explicó que su hija había nacido con una malformación congénita, un pequeño
canal que conectaba el aparato digestivo con el respiratorio, y que se moriría
si no la operaban de inmediato. Después de un embarazo que había transitado sin
sobresaltos, María Liz tuvo que firmar un consentimiento para que su hija, a la
que apenas conocía, tuviera una pequeña posibilidad de seguir con vida.
Luego de siete horas de espera fuera de la sala de
operaciones, para María Liz y su familia sobrevinieron años padeciendo junto a
Martina las deficiencias respiratorias de la atresia esofágica que le
diagnosticaron los médicos, y descubriendo que esa enfermedad, casi inexistente
en el mundo, se debía a los bidones de pesticidas que se acumulaban en el
baldío lindero a su casa y a las fumigaciones que se hacían a pocos metros de
su jardín. Tres años después del nacimiento de Martina, será su historia la que
María Liz le contará al Tribunal de La Haya –como caso testigo de Argentina–,
en la primera denuncia internacional “por crímenes contra la humanidad y el
medio ambiente” realizada por una organización civil contra Monsanto, con el
objetivo de establecer un precedente mundial que permita juzgar penalmente a
las personas responsables de los crímenes que se le adjudican a esta
corporación.
Hoy y mañana, la Fundación Tribunal a Monsanto, que nuclea a
casi cuatrocientas organizaciones sociales alrededor del mundo, encabezadas por
la activista y filosofa hindú Vandana Shiva y la periodista francesa
Marie-Monique Robin –autora del documental El mundo según Monsanto–, llevará a
la corte holandesa treinta casos de enfermedades y malformaciones congénitas
causadas por la exposición directa a los agrotóxicos fabricados por Monsanto.
Todos los denunciantes han sido convocados a viajar a La Haya gracias al más de
medio millón de euros que la fundación consiguió a través de una plataforma
digital de financiamiento colectivo, donde las donaciones fueron hechas por
ciudadanos de todo el mundo.
A lo largo de dos jornadas, se presentará también ante el
Tribunal de La Haya una extensa lista de estudios llevados a cabo por diversas
instituciones de investigación científica, entre ellas el INTA y el Conicet, en
las zonas más afectadas. En todos estos estudios, realizados a partir de un
análisis de las condiciones ambientales, se afirma que los padecimientos que
serán relatados ante el tribunal han sido causados por una exposición directa
al glifosato –el principio activo del herbicida Roundup, fabricado por
Monsanto–, cuyo uso se masificó a partir de la implementación de diversos
cultivos transgénicos, en mayor medida de soja, trigo y maíz, en zonas rurales.
“Acá pasaba la fumigadora por el medio de las calles dejando
dese- chos, el mosquito (nombre que se le da a los aviones que fumigan) volaba
por encima nuestro después de tirar el pesticida, y los baldes que chorreaban y
se hacía un barro donde jugaban los chicos los guardaban en los baldíos y en
los galpones acá entre las casas”, recuerda María Liz sentada en su casa de
Baigorrita, un pequeño pueblo de mil novecientos habitantes ubicado en el
noroeste de la provincia de Buenos Aires.
“Cuando supe que lo que le pasó a mi hija había sido por
eso, empecé a moverme por todo el pueblo para frenar lo que estaba pasando. Me
encontré con que no había ninguna legislación que lo prohibiera, y mucha gente
se fue movilizando conmigo para dar a conocer esta situación. Hicimos un video
que circuló por el mundo y este año vino Marie-Monique (Robin) a filmar a mi
hija para su próximo documental. Y ahora voy a viajar a Holanda para contar lo
que le pasó a Martina. Hoy cada pueblo está aislado, no hay herramientas
legales para juzgar penalmente a los que causan este desastre, y eso es lo que
tenemos que conseguir con esta denuncia en La Haya”.
Cuando Martina tenía un año y siete meses, su pediatra le
preguntó a María Liz si sabía que otro chico de Baigorrita había nacido con la
misma malformación. Se pusieron en contacto y luego de varios estudios
genéticos, notaron que ninguna de las dos madres tenía posibilidades de haber
generado la atresia esofágica en sus hijos. La única causa posible era la de un
envenenamiento producido por el medio ambiente.
“Nos dijeron que era inconcebible que haya dos casos en un
pueblito como el nuestro. Es una enfermedad que se da un caso cada cuatro
millones en por lo menos cincuenta años –explica María Liz Robledo–. El
problema es que la información está totalmente bloqueada. Tuvimos la suerte de
que un médico de la Renac (Red Nacional de Anomalías Congénitas) conociera
nuestros casos y nos hablara de los pesticidas. Y empezamos a entender los
casos de cáncer en chicos jóvenes que hay acá, de próstata, de intestinos. Pero
se hace muy difícil, los productores no quieren escuchar y no tenemos cómo
defendernos si nadie hace cumplir las pocas leyes que tenemos para controlar
estos productos que nos están arruinando la vida”.