Libertad de expresión como pantalla para la corrupcion

Lavado de dinero-Grupo Clarin.

Por:
Gabriel A. Morini

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) realizó una presentación judicial para que se investigue a los principales accionistas del Grupo Clarín por lavado de dinero, luego de la información revelada por Tiempo Argentino sobre un millonario giro sospechoso a una guarida fiscal por parte del multimedios. Asimismo, fuentes judiciales confirmaron que la unidad antilavado se encuentra colaborando con el fiscal de la causa, Miguel Ángel Osorio, sobre el pedido de embargo por 800 millones de pesos que formuló la Unidad de Información Financiera en base al incremento de las declaraciones patrimoniales de sus directivos que dispararon las alertas por posible lavado de activos fruto de una maniobra financiera en perjuicio de los fondos entonces administrados por las ex AFJP.
La PROCELAC que conduce el fiscal Carlos Gonella –a través de lo que técnicamente se denomina "remisión"– consideró ante Osorio que corresponde investigar a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a Bahamas de 3.053.784 pesos, equivalente entonces a 940 mil dólares. Esos fondos fueron girados el 23 de octubre de 2008 y regresaron al país bajo la compra de BODEN 2012, lo que motivó que la AFIP confeccionara un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Nº 6938.
Luego de que la información fuera revelada por este diario, el Área Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la PROCELAC, a cargo de Omar Orsi, realizó la presentación judicial contra distintos accionistas del Grupo Clarín SA, por la realización de "maniobras susceptibles de ser consideras como legitimadoras de activos de procedencia ilícita". De esta forma, PROCELAC le pidió al fiscal Osorio que amplíe el objeto procesal y se investigue a la empresa "GC Dominio SA" –desde donde partieron los fondos que se transfirieron desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited (FOBAL) de Nassau, en las Bahamas. Ese país es considerado por el GAFI como una guarida fiscal por tener bajos o nulos controles tributarios. La misma medida fue solicitada para sus "socios/directores", en donde se mencionó puntualmente a Herrera de Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro.

DELAWARE. En la misma presentación y luego de haberse "certificado que ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Secretaría 17 tramita la causa N° 4381/12", se pidió formalmente la "acumulación" de ambos expedientes por "guardar íntima vinculación con los hechos estudiados". Esa causa con la que se solicitó la unificación se encuentra bajo la órbita del juez federal Luis Rodríguez e investiga una maniobra de lavado del Grupo Clarín por más de 8 millones de dólares. La carátula de ese expediente en el que la UIF es querellante investiga un giro que involucró a una empresa controlada por Clarín radicada en el estado de Delaware, en los Estados Unidos. Una jurisdicción en la que las compañías no deben rendir cuentas sobre el origen de los fondos y se encuentran exentas del pago de impuestos.
Fue iniciada a partir de una denuncia de la AFIP en el marco de la causa N° 9232/08 radicada en el juzgado por entonces a cargo de Sergio Torres. Allí, la UIF presentó el análisis de ROS, dando cuenta de una posible maniobra de lavado de activos realizada por esa firma en el año 2008, en la que realizó una operación de venta de acciones cuyo pago se intentó justificar a través de un supuesto crédito otorgado por un Banco Internacional a una empresa creada un mes antes y con un capital de 100 dólares. La firma denominada GCSA Investment LLC intentó justificar el origen de los fondos –que superaban los 8 millones de dólares– con la toma de préstamos del exterior, sin aportar ningún tipo de documento que la respalde. Entonces, el banco Credit Suisse de Londres y el FOBAL, nuevamente, formaron parte de la operatoria, junto a CIMECO y Arte Gráfico Editorial Argentino SA, estas últimas controladas por el Grupo Clarín.

UNIFICACIÓN. Si el juez acepta el pedido de la PROCELAC, tanto GC Dominio como GCSA Investment quedarán englobadas dentro de una misma investigación que tiene como eje la presunción de que existió una infracción a la Ley de Lavado. El objetivo de la remisión es que Osorio amplíe la base de su imputación con los nuevos elementos aportados por la UIF.
Según confirmó Osorio a Tiempo Argentino, la causa por el giro millonario de Clarín y por las declaraciones patrimoniales de sus principales directivos se encuentra "en pleno trámite". El fiscal ya había solicitado la colaboración de la Procuraduría Antilavado para que dé soporte al análisis de los ROS. Fuentes judiciales aseguraron que ahora se está evaluando conjuntamente el pedido de la UIF para realizar un embargo preventivo sobre los bienes del Grupo Clarín por una cifra cercana a lo que se calcula fue el monto de la defraudación: 799.616.396 pesos.

 

Axel Kicilof, otro orgullo nacional

 Licenciado y Doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Subdirector del Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo (CEPLAD) del IIE, UBA. Investigador Adjunto del CONICET. Director del Proyecto de Investigación UBACYT E017 “Argentina después del colapso de la convertibilidad. Continuidades y rupturas. ¿Un nuevo patrón de crecimiento?”. Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA). Docencia Facultad de Ciencias Económicas. UBA. Profesor Adjunto con Dedicación Exclusiva y Profesor Regular. Asignaturas: Macroeconomía II e Historia del Pensamiento Económico. Facultad de Sociales. UBA. Profesor Adjunto con Dedicación Simple. Economía II. Docente en diversos cursos de grado y postgrado. Posición actual Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo desde diciembre de 2011. YPF S.A. Director en representación del Estado Nacional por la Clase A. desde junio de 2012. Sin goce de sueldo. SIDERAR S.A. Director en representación del Estado Nacional desde julio de 2011. .Sin goce de sueldo. Licencia sin goce de sueldo otorgada por CONICET y UBA para desempeñar un cargo estatal de mayor jerarquía.

Combate de la Vuelta de Obligado

El Combate de la Vuelta de Obligado, debe su nombre al sitio donde tuvo lugar, que eran tierras pertenecientes a Don Antonio de Obligado.

Dichas tierras, fueron heredadas en primer término por Luis Obligado y luego por Rafael Obligado, autor de Santos Vega.

Resulta una curiosidad de la historia que el hijo de Rafael Obligado, Carlos Obligado, sea el autor de la Marcha de Malvinas, y que su apellido esté tan ligado a la Soberanía Nacional por la batalla librada en las tierras de sus antepasados, que ha quedado como un símbolo de la lucha por impedir la incursión extranjera en nuestras tierras.

En realidad, el Combate de la Vuelta de Obligado iba a ser el día anterior, ya que el 19/11/1845, ambas fuerzas estaban totalmente dispuestas. Sin embargo, la intensa lluvia obligó a posponerlo.

Al día siguiente se desató una batalla muy sangrienta, con alrededor de 600 bajas de parte nuestra, en un combate que duró 10 hs.

Se había armado una suerte de “piquete fluvial” con botes con cadenas atadas para cortar el paso cruzando el rio, al mismo tiempo que con cuatro baterías se atacaba a la flota de Anglofranceses, que pretendían circular por el Paraná, hacia Asunción y Corrientes.

Aunque finalmente los Anglofranceses lograron superar la barrera y avanzar, la llegada a Corrientes y Asunción, no fue para nada exitosa, ya  que nadie les compro la mercadería, obteniendo de esta manera por la vía comercial la victoria que no se dio en el campo de batalla.

 

Daniel Balmaceda

Narcotrafico. Una mirada real lejos de la demagogia.

 

Boardwalk Empire

Alfredo Zaiat

La serie de TV está ambientada en Atlantic City, Nueva Jersey, durante los años de la Ley Seca, en los años ’20 del siglo pasado. Está basada en el libro Boardwalk Empire: the birth, high times and corruption of Atlantic City, de Nelson Johnson. Con una ambientación, vestuario y actuaciones notables, es un drama de época que exhibe la inmensa red de corrupción, delito y contrabando que provocó la Volstead Act, promulgada en 1919. Esa ley deriva de la 18ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos de 1917 que prohibía la venta, importación y fabricación de bebidas alcohólicas en todo el país. El efecto inmediato fue la expansión de organizaciones criminales dedicadas a la producción, importación y distribución de bebidas alcohólicas. Mafias que disputaban con mucha violencia el control del mercado, para lo cual construyeron una malla de protección integrada con políticos, policías, empresarios y funcionarios judiciales. En la práctica, con la prohibición, el Estado fue el impulsor del mercado ilegal con sus bandas criminales, y a la vez el encargado de combatirlas invirtiendo recursos millonarios en policías y en la Justicia, con parte de esos funcionarios siendo cómplices o socios de esa red delictiva. La Ley Seca fracasó en el frente social, económico y político para ser anulada finalmente en 1933. La venta de bebidas alcohólicas se legalizó, el Estado se dedicó a controlar esa actividad y a cobrar impuestos de la comercialización, y el consumo dejó de ser reprimido para ser tratada su adicción como un asunto de salud pública.
La historia vuelve a repetirse esta vez a escala global con la producción de la materia prima, elaboración y comercialización de drogas prohibidas por ley. La administración Nixon declaró la guerra contra nuevas y viejas drogas aprobando la Drug Abuse Prevention and Control Act de 1970, que prohibió una serie de drogas casi con las mismas razones enarboladas durante la Ley Seca. Esta persecución influyó en todos los demás países para que endurecieran las penas contra el comercio y consumo y para que se creasen brigadas específicas contra los estupefacientes. El gobierno de Nixon impulsó la redacción de la Convención Internacional de la ONU de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas.
En 1998, la Asamblea General de la ONU comprometió a sus países miembros a alcanzar un “mundo libre de drogas” y a “eliminar o reducir significativamente” la producción de opio, cocaína y cannabis. Postulados de buenas intenciones para aliviar el pánico moral que acompaña la prohibición, similares a los grupos de mujeres y asociaciones puritanas que combatían el consumo de bebidas alcohólicas durante la vigencia de la Ley Seca en Estados Unidos. De antemano se sabe que es una promesa que no se puede cumplir.
El debate sobre el narcotráfico que ha adquirido mayor intensidad a partir de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia es incompleto si sólo queda concentrado en la corrupción de las fuerzas de seguridad, en la expansión de las organizaciones delictivas, en la demanda de mayores recursos humanos y monetarios para el Poder Judicial, en la exigencia de leyes demagógicas más represivas (derribar aviones) o en el combate del lavado de dinero proveniente de esa actividad.
El aspecto económico debe ser incorporado en la evaluación, puesto que es esencial para entender la dinámica de ese mercado ilegal. No se trata de la presentación de estimaciones millonarias de un negocio ilegal (sin referencias claras, la ONU calcula de unos 500 mil millones de dólares anuales), sino de entender cómo funcionan las leyes económicas, lo que permitiría una comprensión y acción más abarcadora. No es un tema moral acerca de cómo a las personas les gustaría que funcionase el mundo, sino de saber las características de la economía de la droga. Sectores conservadores del pensamiento económico han ofrecido los argumentos más contundentes sobre los beneficios de la legalización de la actividad vinculada con la producción y comercialización de drogas prohibidas. Uno de ellos es el Premio Nobel Milton Friedman, máximo referente del monetarismo, fallecido en 2006.
Si se evalúa la guerra contra las drogas, con el gobierno de Estados Unidos como líder del comando mundial, el saldo es negativo. Friedman explicaba que desde un punto de vista puramente económico, la prohibición por parte del Estado termina siendo una protección del mercado a los diferentes carteles de las drogas. Este beneficio surge porque en la comercialización de la mayoría de otros productos existen varias empresas y, dependiendo la actividad y la exigencia de capital, cualquiera puede ingresar en el negocio. Pero en uno declarado ilegal y combatido por fuerzas de seguridad sólo pueden participar bandas que tienen suficiente dinero para flotas de aviones y métodos sofisticados de traslado de la mercadería (un operativo reciente interceptó un cargamento en un submarino). El precio de una sustancia ilegal está determinado más por el costo de su distribución que por el de su producción. El de la cocaína aumenta más de cien veces entre el cultivo de coca y el consumidor. El Estado al perseguir a los encargados del cultivo de la materia prima o al realizar operaciones de decomiso de drogas ilegales mantiene además elevado el precio de la cocaína y la marihuana. Menos productos, o sea restricción de la oferta, con una demanda sostenida, aumenta el precio. Friedman sentenciaba: “¿Qué más querría un monopolista? Tiene un gobierno que se lo pone muy difícil a todos sus competidores y mantiene alto el precio de sus productos. Es como estar en el cielo. Ahora ocurre lo mismo que bajo la prohibición del alcohol”.
Friedman afirmaba que “legalizaría las drogas sometiéndolas exactamente a las mismas normas que existen hoy día para el alcohol y el tabaco. El consumo de alcohol y tabaco causa más muertes que el de las drogas, con mucho, pero muchas menos víctimas inocentes. Y las principales víctimas inocentes, en esos casos, son los muertos por conductores borrachos. Y tenemos que hacer cumplir la ley contra conducir bebidas, igual que tenemos que hacer cumplir la ley contra la conducción bajo la influencia de la marihuana, la cocaína o cualquier otra droga. Pero trataría, al menos como primera medida, a las drogas exactamente de la misma forma que ahora tratamos al alcohol y al tabaco, nada más”.
Un artículo publicado en 2009 en la revista conservadora The Economist, “How to stop the drug wars. Prohibition has failed; legalisation is the least bad solution” (www.economist.com/node/13237193), propone que la legalización no sólo desplazaría a las mafias; también haría que las drogas pasaran de ser un problema de ley y orden a ser uno de salud pública. Los gobiernos podrían cobrar impuestos y regular el comercio de drogas, y usar los fondos recaudados (y los miles de millones ahorrados en uso de fuerza pública) para educar al público sobre los riesgos de consumir drogas y para tratar la adicción. No considera que sean buenas las drogas, sino que la legalización es la política menos mala. The Economist afirma que más que la represión, “desincentivar y tratar la adicción debería ser la prioridad de la política de drogas”.
En la sociedad existe el miedo basado en la presunción de que bajo un régimen de legalidad más personas usarían drogas. El reporte de la revista británica indica que esa consideración puede estar equivocada al señalar que “no hay correlación entre la severidad de las leyes sobre drogas y la incidencia del consumo; ciudadanos que viven en regímenes severos (Estados Unidos y Gran Bretaña) consumen más drogas, no menos”. Los recursos recaudados a través de impuestos y ahorrados en represión podrían garantizar tratamientos a los adictos y financiar amplias campañas contra el consumo. The Economist concluye que “el éxito de los países desarrollados en hacer que la gente deje de consumir tabaco, el cual está sujeto a impuestos y regulación, provee una base de esperanza”.
A veces las series de TV se parecen mucho a la realidad. En Boardwalk Empire quienes más se muestran inflexibles ante el narcotráfico son en realidad sus principales aliados al generar las condiciones para reservar ese millonario mercado a las mafias.
azaiat@pagina12.com.ar

La enfermedad de Clarín

En psicología, hay una defensa psíquica  que se llama proyección y que básicamente tiene que ver con observar en el otro, adjudicarle al otro, las cosas que de manera  inconsciente, al sujeto le hacen ruidos internos, lo perturba  y es por ello que deposita lo que rechaza de su personalidad, en el exterior.

Esa defensa le produce un alivio psíquico que le permite  seguir desarrollando su vida de manera normal.

Las corporaciones, experimentan comportamientos análogos a los seres humanos, es por ello que hay muchos profesionales que se dedican a trabajar sobre la cultura  empresarial, que no es otra cosa que los comportamientos y las conductas que como corporación  los vincula  con el mundo externo (consumidores, clientes, proveedores , etc) y entre los empleados que la conforman.

Las corporaciones enferman al igual que los individuos y es habitual encontrar en las grandes empresas, comportamientos patológicos que requieren de la intervención de profesionales.

Un ejemplo visible, a la luz de los hechos que son de público conocimiento, es el patrón patológico que es compatible con la psicosis que presenta el Grupo Clarín y con él sus más fieles defensores cuando las luces de las cámaras del estudio se encienden.

La única manera que tiene el enfermo de no sufrir un ataque masivo a su personalidad es haciendo uso de otra defensa psíquica que se llama negación, también inconsciente, ya que de hacerse consciente, lo pone en una situación de desequilibrio que le genera mucha angustia.

Seguramente Clarín ve mucha corrupción porque está hecho de ella

Seguramente Clarín ve muchas bóvedas con dinero porque tiene muchas de ellas en sus empresas  y otras que eran de Videla tienen papeles que los pueden poner entre rejas.

Seguramente Clarín ve mucha inseguridad, porque se siente inseguro por el avance de la justicia legitima

Seguramente Clarín ve pactos espurios porque con pactos espurios edifico su imperio.

Seguramente Clarín desconfía de la aplicación de la ley porque siempre corrompió a los  jueces que necesitaba.

Seguramente Clarin  desconfía de  intervención del Estado porque se encargo sistemáticamente  de condicionar a representantes de otros gobiernos.

Un Estado presente, debe hacerse cargo de los enfermos en situación de vulnerabilidad, es por eso que como recomendación, sugiero que el Estado se haga cargo del enfermo y lo guie en su proceso en búsqueda de la cura.