María Eugenia Vidal experimentó ayer su primer tembladeral
como gobernadora bonaerense. Tres condenados por el triple crimen de General
Rodríguez se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear. Se
trata de Víctor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta. Este último fue quien
acusó, pocos días antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, al ex jefe
de Gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del asesinato. En ese
entonces, Fernández era candidato a gobernador y competía con Vidal, quien
centró buena parte de su campaña en aquella denuncia. Tras la fuga, la
gobernadora bonaerense evitó responder a las insinuaciones del kirchnerismo de
que hubo una evidente conexión entre la denuncia de campaña y el escape de los
presos. Reaccionó con la remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario
bonaerense, inició una investigación interna y ofreció una recompensa de dos
millones de pesos por información sobre los prófugos. “Que salgan como panchos
por su casa de la cárcel es bastante extraño”, opinó la ministra de Seguridad
nacional, Patricia Bullrich.
Los Lanatta y Schillaci se fugaron cerca de las 2.30 del
domingo, del sector de sanidad de la cárcel de General Alvear. Los tres
prófugos estaban cumpliendo su condena a prisión perpetua por el asesinato en
2008 en General Rodríguez de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina,
vinculado al tráfico de efedrina.
Según la versión oficial, los presos redujeron y maniataron
a dos guardias y los ocultaron en uno de los baños. Luego transitaron los
pasillos vestidos con ropa oscura –similar al uniforme de los penitenciarios–
hasta que llegaron al exterior. Es decir que, literalmente, salieron caminando
de la cárcel. Tanto el abogado de los prófugos como los de las víctimas
hablaron de connivencia de las autoridades. Allí se subieron a un Fiat Uno de
uno de los penitenciarios y avanzaron unos 200 metros hasta el puesto de
guardia 1. En ese lugar, redujeron al custodio y lo amordazaron. Se lo llevaron
en el auto hasta Villa Belgrano, un barrio que está a algunas cuadras del
penal. Lo dejaron atado en el auto. Poco después consiguió pedirles ayuda a los
vecinos.
Una cámara de seguridad captó su paso a las 2.45 por
Belgrano y 9 de Julio. En esa imagen se observa una camioneta negra que dobla a
gran velocidad hacia la Ruta 205. Los investigadores asumen que es el vehículo
en el que continuaron la fuga.
En el auto que usaron para salir de la cárcel, la policía
encontró una réplica de un arma de fuego (un arma de juguete realista), con la
que los presos habrían amenazado a los guardias. La causa judicial que se abrió
quedó en manos del fiscal Cristian Citterio, con intervención del juez de
garantías de Azul, Federico Barberena.
Fuentes judiciales advirtieron sobre lo inverosímil de la
información oficial respecto de la fuga. La Unidad 30, explicaron, posee tres
sectores con nueve módulos, y en cada uno de ellos se dispone un “imaginaria de
módulo” más otro en cada “pasillo de conexión”; además, todos esos “pasillos de
conexión” conducen a un sector común asegurado por cuatro rejas custodiadas por
más guardias. Así, quien intente fugarse debe reducir al guardia de su módulo y
al del pasillo, atravesar esa fortaleza enrejada y neutralizar a los
penitenciarios que la custodian. Finalmente, al salir se encontraría con una
garita externa de control. La misma fuente precisó que, desde las 20, los
presos están encerrados en sus celdas. Y concluyó: “Es imposible que tres tipos
se escapen por el frente a las 2 de la mañana”.
Cúpula removida
En respuesta a la fuga, Vidal desplazó del cargo a la jefa
del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini –quien había
presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron– y
a la plana mayor, compuesta por el director general de Coordinación, inspector
general Claudio Cardo; director general de Asistencia y Tratamiento, Carlos
Russo; al director general de Seguridad, inspector general Marcelo Rotger; el
director general de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al
subdirector general de Recursos Humanos, Alberto Paez. También removió a los
responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor
Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti.
Según fuentes cercanas a la ex directora del SPB, ella había
intentado renunciar apenas asumió Vidal, pero le pidieron unos días. Lo volvió
a intentar el miércoles 23. Desde el gobierno bonaerense confirmaron que
recibieron ese pedido, pero indicaron que no se le aceptó la renuncia y que le
informaron que el SPB no podía quedar acéfalo. Conocida la fuga, Vidal resolvió
cesantear a Piermarini. “Estaban a cargo los del gobierno anterior y estábamos
en proceso de transición”, se desligó el ministro de Seguridad bonaerense,
Cristian Ritondo.
Vidal también inició una investigación interna. Como nuevo
titular del SPB designó a Fernando Díaz, que era subjefe del Servicio
Penitenciario Federal. Además, la gobernadora nombrará como nuevo subsecretario
de Política Penitenciaria a Juan Baric, que reemplazará a César Albarracín.
Según señalaron en un comunicado, ese funcionario sciolista “cesó en el cargo
el 10 de diciembre pasado”.
Ritondo estuvo reunido ayer en Puente 12, en La Matanza, con
la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Ambos evaluaron las
alternativas de la búsqueda que llevan adelante diversas fuerzas federales, la
AFI e Interpol. “No vamos a descansar hasta que regresen a donde la Justicia
dictaminó que deben estar”, indicó Ritondo, quien firmó un decreto por el que
ofreció el máximo dinero posible de recompensa por datos sobre el paradero de
los prófugos: dos millones de pesos. También dispuso que los familiares de las
víctimas de los condenados tengan custodia, al igual que uno de los abogados.
En el gobierno bonaerense se ocuparon de remarcar que la
semana pasada enviaron al Congreso provincial un proyecto de ley que declara la
emergencia penitenciaria por un año, lo que habilitaría al Ministerio de
Seguridad a hacer compras y contrataciones con menores controles y convocar a
personal de entre los retirados de la Policía bonaerense y entre los
penitenciarios pasados a retiro.
Réplicas
Si ya de por sí la fuga de tres condenados de una cárcel de
máxima seguridad garantizaba el escándalo, a eso se sumó que uno de ellos fue
el protagonista de una de las denuncias más resonantes de la campaña para
gobernador bonaerense. “El que dio la orden fue Aníbal Fernández”, sostuvo
Martín Lanatta en un programa de televisión, cuando se refirió al asesinato por
el que está condenado. Durante los seis años previos, el ahora prófugo había
negado cualquier vinculación de Fernández con el caso. Tampoco aparecieron
entrecruzamientos telefónicos ni otros elementos que le dieran, hasta ahora,
solidez a esa denuncia.
Aníbal Fernández salió a hablar ayer: “Cuando pasó esto, lo
poco que le pude contar a la sociedad argentina es que yo no sé quiénes son
estas personas, que no tenía nada ver con ellos. Que cada uno saque sus propias
conclusiones. Yo no voy a cambiar mi manera de vivir porque se hayan fugado
estos personajes. No tengo nada que ver con eso”, indicó el ex jefe de
Gabinete.
“Otra barbaridad más de Aníbal Fernández –reaccionó Ritondo
ante una pregunta que le hicieron–. La causa de la efedrina no se la inventó
nadie. Tiene que dar respuestas al juez”. “Hay ganas de ensuciar la cancha.
Habría que ver qué declararon esas personas para ver a quiénes les convenía que
no siguieran declarando”, insinuó el ministro de Seguridad bonaerense. “El
narcotráfico manda mensajes todo el tiempo, pero a nosotros no nos van a
amedrentar. Vamos a llegar hasta donde haya que llegar”, prometió la ministra
de Seguridad nacional.
Desde el kirchnerismo, diferentes voces señalaron que,
detrás de la increíble fuga de los detenidos, habría una “devolución de
favores” del macrismo por la oportuna denuncia de campaña.
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