domingo, 4 de septiembre de 2016

Dilma tenia armas de destruccion masiva, por eso la invasion.

Dos ex presidentes de Uruguay fijaron los términos de la discusión sobre el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil. Para Julio Sanguinetti “es una grosería intelectual y una inmoralidad hablar de un golpe de Estado”, porque se cumplieron todos los requisitos constitucionales. En cambio José Mujica, sostiene que el trámite en el Senado “fue una gigantesca pantomima” para ocultar que “no sólo se trató de un golpe de Estado sino que se decidió en otra parte”. Este debate hace ahora una breve escala en el Tribunal Supremo de Justicia, pero visto el rol que el tribunal cumplió en la destitución, este recurso será rechazado, lo cual agotará los recursos internos y despejará el camino hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Luego de la suspensión de la presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia de cinco diputados y senadores del PT con el patrocinio de dos abogados brasileños y del argentino Damian Loreti, secretario de la Comisión Directiva del CELS. Ahora insistirán señalando que no hay ninguna causa penal, ni imputación ni condena contra la mandataria destituida; que sus juzgadores adelantaron la posición que sostendrían por lo que la condena fue una profecía autocumplida y que se violaron los derechos políticos de Dilma y de sus votantes. El viernes, la CIDH expresó su preocupación ante la destitución de Dilma en un juicio político sobre el cual “se han planteado cuestionamientos por irregularidades, arbitrariedad y ausencia de garantías al debido proceso”, señaló que seguía con atención la observancia de los derechos humanos “que las autoridades competentes del Poder Judicial de Brasil proporcionen a este caso” y anunció que continúan su curso regular la cautelar y la petición presentadas. Durante el impeachment quedó establecido que Dilma no había cometido ningún delito de corrupción, como sí lo hicieron sus principales acusadores. De los 81 senadores, 61 votaron por la destitución, 47 están bajo proceso judicial y 15 fueron condenados.

Fragmento nota de Horacio Vertbisky

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