Los grupos de presion genocidas

Por Alejandra Dandan

"Las medidas económicas implicaban necesariamente la represión ilegal de cualquier movimiento de resistencia, lo que demuestra la conexión directa entre el accionar criminal de la dictadura y el proyecto de transformación del capital económico", dice el Centro de Estudios Legales y Sociales en la querella que presentó la semana pasada en la causa en la que se investigan las desapariciones de los trabajadores de Molinos Río de la Plata S.A. El expediente fue abierto el año pasado por los hijos de tres desaparecidos y destinado a investigar la complicidad de los integrantes del directorio de la empresa del grupo Bunge & Born y de su personal jerárquico en delitos de lesa humanidad. El escrito del CELS es clave para interpretar no sólo este caso, sino el de muchas causas en las que se analiza la responsabilidad empresaria en los crímenes de la última dictadura. Entre otras cosas, profundiza en el rol de las comisiones internas en la puja estructural de capital y trabajo y destaca la emergencia de una figura de la víctima que ya no está sólo pensada en su dimensión de militante político, sino en su doble condición de "trabajador" y "trabajador organizado". En ese contexto, explica que "las medidas tuvieron como objetivo resolver el desafío que implicaba la confluencia del proceso de radicalización política y social con el poder de la clase trabajadora. A diferencia de las líneas de solución intentadas durante la segunda sustitución de importaciones, que habían tenido como trasfondo la permanencia del modelo de industrialización y de sus relaciones estructurales, las diversas políticas operadas a partir de marzo de 1976 no sólo permitieron atacar las formas organizativas y las vinculaciones políticas de la clase trabajadora, sino que, simultáneamente, promovieron transformaciones económicas que alteraron profundamente sus bases estructurales de poder".

"El avance del proceso de justicia en nuestro país ha llegado a investigar la responsabilidad de las empresas en los crímenes de la dictadura, no como hechos aislados sino como parte de un plan sistemático, dirigido desde las altas esferas del gobierno de facto y de las cúpulas empresariales para transformar el modelo económico", señala el CELS. "Desde luego, esa transformación traía aparejada la necesaria reducción de los derechos laborales de la clase trabajadora y la concentración económica en reducidos grupos."

El escrito de cuarenta páginas se presentó el viernes ante la Justicia Federal de La Plata, donde está radicada la causa Molinos. Es la primera vez que el CELS se presenta institucionalmente como querella en las causas de complicidad civil que avanzaron en los últimos tres años.