Democracia para todos y todas

La democracia por sí sola, adoptada como modalidad de gobierno, no puede definir las condiciones de funcionamiento de una sociedad, podríamos pensar que otras formas de gobierno también estarían en condiciones de producir practicas aceptables para la cotidianeidad de los ciudadanos. Independientemente de ello, en la actualidad existe un elevado consenso a nivel mundial respecto de los beneficios que promueve la democracia como forma de gobierno. Al punto que el concepto se traslada a otras esferas de la vida cotidiana. Se puede ser democrático como rector de una universidad, como padre de familia, como jefe, etc. La modalidad democrática es entendida como la mejor practica de interacción social.

En definitiva, ser democrático es lo que socialmente se espera de una persona, institución no gubernamental, partido político y gobiernos. En el caso que más nos interesa y que tiene que ver con los Estados,  que la forma de gobierno adoptada sea  la Democracia tiene un alto consenso tanto interna como  internacionalmente.

Ahora bien, para hablar de Democracia en términos concretos, no basta con que un gobernante se defina como demócrata y que manifieste discursivamente buenas intenciones.

Para que la Democracia se cristalice institucionalmente, se requiere que la sociedad en su conjunto tenga  derecho al voto universal, sin proscripciones de ninguna índole racial, política, religiosa, etc. Que se realice por periodos que aseguren renovación de cargos y la división de poderes que permita el control entre los mismos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial). Estos componentes son los llamados “aspectos constitutivos “indispensables,  pero no suficientes.

Los gobiernos comprometidos con procesos democráticos deben además promover en sus sociedades, condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades a todos los habitantes en las distintas esferas, entre ellas, la salud, la educación y  la económica. Todos los ciudadanos deben poder participar mediante prácticas sociales, en la construcción colectiva de la sociedad de la que han decidido formar parte. Estas características se denominan las “condiciones de aplicación”. Son las que realmente promueven la libertad de expresión, la libre participación y asociación para que se conformen los diferentes grupos de interés, tan necesarios en las sociedades actuales,  como las instituciones formales del aparato estatal.

Una buena articulación entre los atributos constitutivos y las condiciones de aplicación parecería ser lo que deberían perseguir los gobernantes honestamente comprometidos con la democracia. Alcanzar este objetivo no los liberará de las naturales tensiones de la vida en sociedad, pero creará las condiciones para que la democracia se afiance.

Dicha articulación no se puede lograr si la democracia solo alcanza la instancia formal. Si no promueven prácticas sociales participativas, solo será un instrumento para que un grupo restringido y con intereses sectoriales sean elegidos formalmente. Esa democracia, en tiempos de globalización podría generar condiciones indeseables para la calidad de vida de los pueblos involucrados.

El equilibrio democrático se alcanza cuando toda la sociedad puede participar, desde su grupo de pertenencia, en la discusión colectiva de lo que se define como interés general. Esa práctica colectiva, esa poliarquía, tal vez sea lo más cercano a la asamblea popular con la que soñó J.J.  Rousseau.

Podríamos pensar en una sociedad con gobernantes y gobernados, como una unidad de interacción permanente. Gobernantes desde sus puestos institucionales y gobernados desde sus grupos de interés que como grupo de presión hacen visibles sus demandas respecto de la realidad que ellos interpretan.

Representantes institucionalizados y representantes surgidos de las condiciones de aplicación.