La democracia que pensaron los Griegos, esté amenazada. Vuelan buitres sobre el sistema.(otros están adentro)

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aguarda datos de la AFIP para elevar el caso del presunto fraude a los Estados Unidos.

Leandro Renou

La Comisión Nacional de Valores (CNV) enviará la próxima semana un detallado informe de la presunta quiebra irregular de la empresa gráfica Donnelley, que fue noticia el jueves luego de que el gobierno comunicara que uno de los dueños de la firma es el fondo especulativo BlackRock, que compró la parte a NML, de Paul Singer. La entidad que conduce Alejandro Vanoli recibirá en las próximas horas el detalle de la denuncia penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que especifica la comisión de delitos como posible quiebra fraudulenta y violaciones a la ley de delitos económicos. El informe tiene datos extra relacionados con la operatoria de la firma y sus directores. Estos se sumarán a los que trascendieron ayer: la declaración de pérdidas por U$S 20 millones como justificación de la quiebra, cuando en realidad la empresa mostraba un patrimonio neto superior a los U$S 40 millones, con activos por U$S 180 millones.
En el ámbito nacional, la causa de la quiebra express quedó bajo la tutela del Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, que lleva el pedido de Nación de aplicar, a raíz de estas conductas, la Ley Antiterrorista.
En paralelo a esta movida, los organismos de control oficiales ya empezaron a realizar pesquisas en otras empresas vinculadas a fondos buitre y especulativos, para detectar abusos económicos y fraudes financieros (ver aparte).
En línea con lo anunciado por la presidenta de la Nación en torno al pedido de aplicación de la Ley Antiterrorista, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, explicó a Tiempo que la normativa "pone en tela de juicio los métodos de estos fondos para desestabilizar a un país". Por esta razón, consideró que hay chances de avanzar en esa línea. "Parece muy fuerte la figura utilizada, pero es la única figura posible", dijo el funcionario a este diario. Y agregó que "la operatoria de los holdouts a través de sus empresas repartidas por el mundo es siempre la misma: desestabilizar, hacer bajar acciones, tenerlas y luego cobrarles a los países por valores que no pueden pagar nunca". De hecho, el organismo está realizando un estudio en torno a la conducta del cierre de empresas como herramienta especulativa para desestabilizar a países. Así, Sbatella mencionó la posibilidad de que haya embargos a la firma, siempre y cuando el juez Rafecas considere que existe una relación entre la quiebra y un delito económico de afectación nacional.
Por su parte, el jefe de la CNV, Vanoli, le bajó la tensión a la polémica en torno a la posible aplicación de la ley a otras cuestiones, como las manifestaciones de trabajadores, y defendió la herramienta para casos como el de Donnelley. "El derecho a la protesta social está fuera de discusión", apuntó y aseveró que "queda absolutamente claro que el gobierno está persiguiendo a quienes perjudican a la clase trabajadora con estos delitos de fraude económico". Para el presidente de la CNV, el espíritu de esta ley, aprobada en diciembre de 2011 junto a la norma que pena a quienes financien acciones destinadas a sembrar zozobra sobre la población, tiene que ver con "perseguir a los delincuentes de guante blanco que comenten crímenes en perjuicio de los trabajadores".
Si bien existen negociaciones por posibles compradores para Donnelley (ver aparte), Rafecas convocó a declarar a los titulares de la empresa, con las cabezas y los gerentes fuera del país. Cabe señalar que además de BlackRock, que le compró su parte al fondo NML –principal litigante por la deuda argentina–, en la empresa gráfica conviven otros fondos internacionales tales como Capital World Investors, y The Vanguard Group. Ambas empresas tienen participaciones accionarias en corporaciones de peso mundial.  «