Por:
Gabriel A. Morini
Gabriel A. Morini
La Procuraduría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) realizó una presentación judicial para
que se investigue a los principales accionistas del Grupo Clarín por lavado de
dinero, luego de la información revelada por Tiempo Argentino sobre un
millonario giro sospechoso a una guarida fiscal por parte del multimedios.
Asimismo, fuentes judiciales confirmaron que la unidad antilavado se encuentra
colaborando con el fiscal de la causa, Miguel Ángel Osorio, sobre el pedido de
embargo por 800 millones de pesos que formuló la Unidad de Información
Financiera en base al incremento de las declaraciones patrimoniales de sus
directivos que dispararon las alertas por posible lavado de activos fruto de
una maniobra financiera en perjuicio de los fondos entonces administrados por
las ex AFJP.
La PROCELAC que conduce el fiscal Carlos Gonella –a través de lo que técnicamente se denomina "remisión"– consideró ante Osorio que corresponde investigar a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a Bahamas de 3.053.784 pesos, equivalente entonces a 940 mil dólares. Esos fondos fueron girados el 23 de octubre de 2008 y regresaron al país bajo la compra de BODEN 2012, lo que motivó que la AFIP confeccionara un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Nº 6938.
Luego de que la información fuera revelada por este diario, el Área Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la PROCELAC, a cargo de Omar Orsi, realizó la presentación judicial contra distintos accionistas del Grupo Clarín SA, por la realización de "maniobras susceptibles de ser consideras como legitimadoras de activos de procedencia ilícita". De esta forma, PROCELAC le pidió al fiscal Osorio que amplíe el objeto procesal y se investigue a la empresa "GC Dominio SA" –desde donde partieron los fondos que se transfirieron desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited (FOBAL) de Nassau, en las Bahamas. Ese país es considerado por el GAFI como una guarida fiscal por tener bajos o nulos controles tributarios. La misma medida fue solicitada para sus "socios/directores", en donde se mencionó puntualmente a Herrera de Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro.
DELAWARE. En la misma presentación y luego de haberse "certificado que ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Secretaría 17 tramita la causa N° 4381/12", se pidió formalmente la "acumulación" de ambos expedientes por "guardar íntima vinculación con los hechos estudiados". Esa causa con la que se solicitó la unificación se encuentra bajo la órbita del juez federal Luis Rodríguez e investiga una maniobra de lavado del Grupo Clarín por más de 8 millones de dólares. La carátula de ese expediente en el que la UIF es querellante investiga un giro que involucró a una empresa controlada por Clarín radicada en el estado de Delaware, en los Estados Unidos. Una jurisdicción en la que las compañías no deben rendir cuentas sobre el origen de los fondos y se encuentran exentas del pago de impuestos.
Fue iniciada a partir de una denuncia de la AFIP en el marco de la causa N° 9232/08 radicada en el juzgado por entonces a cargo de Sergio Torres. Allí, la UIF presentó el análisis de ROS, dando cuenta de una posible maniobra de lavado de activos realizada por esa firma en el año 2008, en la que realizó una operación de venta de acciones cuyo pago se intentó justificar a través de un supuesto crédito otorgado por un Banco Internacional a una empresa creada un mes antes y con un capital de 100 dólares. La firma denominada GCSA Investment LLC intentó justificar el origen de los fondos –que superaban los 8 millones de dólares– con la toma de préstamos del exterior, sin aportar ningún tipo de documento que la respalde. Entonces, el banco Credit Suisse de Londres y el FOBAL, nuevamente, formaron parte de la operatoria, junto a CIMECO y Arte Gráfico Editorial Argentino SA, estas últimas controladas por el Grupo Clarín.
UNIFICACIÓN. Si el juez acepta el pedido de la PROCELAC, tanto GC Dominio como GCSA Investment quedarán englobadas dentro de una misma investigación que tiene como eje la presunción de que existió una infracción a la Ley de Lavado. El objetivo de la remisión es que Osorio amplíe la base de su imputación con los nuevos elementos aportados por la UIF.
Según confirmó Osorio a Tiempo Argentino, la causa por el giro millonario de Clarín y por las declaraciones patrimoniales de sus principales directivos se encuentra "en pleno trámite". El fiscal ya había solicitado la colaboración de la Procuraduría Antilavado para que dé soporte al análisis de los ROS. Fuentes judiciales aseguraron que ahora se está evaluando conjuntamente el pedido de la UIF para realizar un embargo preventivo sobre los bienes del Grupo Clarín por una cifra cercana a lo que se calcula fue el monto de la defraudación: 799.616.396 pesos.
La PROCELAC que conduce el fiscal Carlos Gonella –a través de lo que técnicamente se denomina "remisión"– consideró ante Osorio que corresponde investigar a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la transferencia a Bahamas de 3.053.784 pesos, equivalente entonces a 940 mil dólares. Esos fondos fueron girados el 23 de octubre de 2008 y regresaron al país bajo la compra de BODEN 2012, lo que motivó que la AFIP confeccionara un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) Nº 6938.
Luego de que la información fuera revelada por este diario, el Área Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la PROCELAC, a cargo de Omar Orsi, realizó la presentación judicial contra distintos accionistas del Grupo Clarín SA, por la realización de "maniobras susceptibles de ser consideras como legitimadoras de activos de procedencia ilícita". De esta forma, PROCELAC le pidió al fiscal Osorio que amplíe el objeto procesal y se investigue a la empresa "GC Dominio SA" –desde donde partieron los fondos que se transfirieron desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas Bank Limited (FOBAL) de Nassau, en las Bahamas. Ese país es considerado por el GAFI como una guarida fiscal por tener bajos o nulos controles tributarios. La misma medida fue solicitada para sus "socios/directores", en donde se mencionó puntualmente a Herrera de Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro.
DELAWARE. En la misma presentación y luego de haberse "certificado que ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Secretaría 17 tramita la causa N° 4381/12", se pidió formalmente la "acumulación" de ambos expedientes por "guardar íntima vinculación con los hechos estudiados". Esa causa con la que se solicitó la unificación se encuentra bajo la órbita del juez federal Luis Rodríguez e investiga una maniobra de lavado del Grupo Clarín por más de 8 millones de dólares. La carátula de ese expediente en el que la UIF es querellante investiga un giro que involucró a una empresa controlada por Clarín radicada en el estado de Delaware, en los Estados Unidos. Una jurisdicción en la que las compañías no deben rendir cuentas sobre el origen de los fondos y se encuentran exentas del pago de impuestos.
Fue iniciada a partir de una denuncia de la AFIP en el marco de la causa N° 9232/08 radicada en el juzgado por entonces a cargo de Sergio Torres. Allí, la UIF presentó el análisis de ROS, dando cuenta de una posible maniobra de lavado de activos realizada por esa firma en el año 2008, en la que realizó una operación de venta de acciones cuyo pago se intentó justificar a través de un supuesto crédito otorgado por un Banco Internacional a una empresa creada un mes antes y con un capital de 100 dólares. La firma denominada GCSA Investment LLC intentó justificar el origen de los fondos –que superaban los 8 millones de dólares– con la toma de préstamos del exterior, sin aportar ningún tipo de documento que la respalde. Entonces, el banco Credit Suisse de Londres y el FOBAL, nuevamente, formaron parte de la operatoria, junto a CIMECO y Arte Gráfico Editorial Argentino SA, estas últimas controladas por el Grupo Clarín.
UNIFICACIÓN. Si el juez acepta el pedido de la PROCELAC, tanto GC Dominio como GCSA Investment quedarán englobadas dentro de una misma investigación que tiene como eje la presunción de que existió una infracción a la Ley de Lavado. El objetivo de la remisión es que Osorio amplíe la base de su imputación con los nuevos elementos aportados por la UIF.
Según confirmó Osorio a Tiempo Argentino, la causa por el giro millonario de Clarín y por las declaraciones patrimoniales de sus principales directivos se encuentra "en pleno trámite". El fiscal ya había solicitado la colaboración de la Procuraduría Antilavado para que dé soporte al análisis de los ROS. Fuentes judiciales aseguraron que ahora se está evaluando conjuntamente el pedido de la UIF para realizar un embargo preventivo sobre los bienes del Grupo Clarín por una cifra cercana a lo que se calcula fue el monto de la defraudación: 799.616.396 pesos.
