El PRO esta atras de las cuevas de dolares.

> La denuncia del Banco Central responsabiliza en forma directa al ministro Guillermo Montenegro
> El sistema financiero paralelo del PRO
> Los 17 establecimientos habilitados por el Gobierno de la Ciudad para operar como casas de cambio contaban con certificados emitidos bajo la responsabilidad del ministro de Justicia y Seguridad. La denuncia del BCRA lo imputa directamente.
> Varios establecimiento habilitados por Montenegro funcionaban como cuevas de venta ilegal de divisas.
> Por Cristian Carrillo
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> La denuncia del Banco Central contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por habilitar 17 establecimientos para operar como casas de cambio, siendo ésa una prerrogativa del organismo monetario, involucra en forma directa al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro. La semana pasada el titular del Central, Alejandro Vanoli, adelantó que se denunciaría a funcionarios de la administración macrista por "infracción a la Ley de Régimen Penal Cambiario", tras constatar en una serie de allanamientos realizados a principio de año la existencia de cuevas financieras que contaban con certificados de habilitación del gobierno porteño y que operaban en el segmento informal. "Los certificados fueron emitidos por la Agencia Gubernamental de Control de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Guillermo Montenegro", según la denuncia elevada ante el Ministerio Público Fiscal.
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> En medio de argumentaciones cruzadas entre los candidatos de la oposición y el oficialismo sobre el manejo de la política cambiaria, el gobierno de Mauricio Macri parece haber hecho punta habilitando un sistema financiero paralelo. La situación quedó al descubierto como resultado de una serie de inspecciones y allanamientos judiciales a principio de año en los que llamó la atención el caso de un establecimiento en Cabello 3171, en el barrio de Palermo. En el allanamiento de ese lugar, que se realizó el 23 de febrero pasado, se detectó que el local contaba con un certificado de habilitación del gobierno porteño para operar como casa de cambio. El caso se sumó a otro del 16 de marzo en avenida Luis María Campos 1181, en el mismo barrio.
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> El tamizado de los operativos permitió identificar hasta el momento 17 establecimientos con este tipo de permisos. Según explicaron a este diario desde Economía, muchos de estos locales ofrecían delivery de dinero. Las habilitaciones fueron otorgadas por el código "604008", bajo la descripción "Casa de Cambio Agencia de Seguros", según la denuncia a la que accedió este diario y lleva la firma de Marcos Eduardo Moiseeff, subgerente general jurídico; Jorge Carlos Viviani, gerente principal de Asuntos Legales, y Mariano Hernán Varela, gerente de Asuntos Judiciales en lo Penal del Banco Central. En la presentación se remarca que el gobierno porteño "estaría dando habilitaciones para lugares que no reúnen las condiciones necesarias para actuar en la operatoria de cambio de divisas y que tampoco habrían pedido autorización para funcionar al Banco Central".
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> Tanto la Carta Orgánica de la autoridad monetaria como el Régimen Penal y Cambiario establecen que el único ente con potestad para autorizar a un local a operar en el mercado de cambios es el BCRA. Las autoridades del Central solicitaron a la administración macrista explicaciones sobre estas autorizaciones sin obtener una respuesta concreta. Desde esa dependencia sólo enviaron un CD que contenía un listado incompleto de establecimientos habilitados para operar en cambios y la argumentación de que las habilitaciones se otorgaron para cotejar condiciones de higiene y seguridad. Sin embargo, las autorizaciones no tenían carácter temporario, ya que ninguno de los 17 establecimientos allanados había hecho el pedido al Central.
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> En el escrito se explicita que las casas de cambio clandestinas utilizaron esta habilitación "para aparentar legitimidad en la operatoria ilícita y marginal", con lo que crearon una plataforma para comprar y vender divisas a un tipo de cambio mucho más alto que el oficial. "La Ciudad estaría avasallando facultades que por ley le son propias a este ente de control, en su función de fiscalizador del Sistema Financiero y Cambiario", según la denuncia. Desde el equipo económico habían señalado a este diario que se le remitió en cinco oportunidades una carta a Montenegro para que explicara la situación, sin obtener respuesta. En la presentación se reitera que, habiendo sido alertados sobre estos casos funcionarios del Gobierno de la Ciudad, "se arrogaron una competencia que no les es propia". Esto implica un "delito doloso y de dolo directo. Ello quiere decir que conoce la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, oponiéndose a la ley", detalla la denuncia en que se sostiene que estas irregularidades ameritan ser investigadas en sede penal.
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La asignacion universal por hijo no es un plan social

> Por Norberto Alayón *
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> Con bastante recurrencia podemos escuchar o leer afirmaciones, incluso de funcionarios públicos, que definen y caracterizan a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) como un plan social.
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> Creemos que resulta conveniente resaltar, en principio, que la AUH no es un plan social. La AUH es una importante política pública, del campo de la seguridad social, que construye un derecho, con perspectiva universal, de impacto significativo en el ingreso de los hogares de los/as trabajadores más desprotegidos.
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> Planes asistenciales focalizados de mera mitigación y control social y flexibilización laboral, precarización y desempleo, definieron la contundente y perversa esencia del neoliberalismo de los '90, que tanto perjuicio les generó al país y a la región. Pérdida o reducción de derechos y planes sociales constituyeron las dos caras de una misma moneda.
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> Sin embargo, no se trata de desmerecer indebidamente a la asistencia social a las familias que no disponen de los recursos para satisfacer sus necesidades mínimas, como meras medidas populistas, coyunturales y paliativas, que no atacan a fondo las diversas problemáticas derivadas de las situaciones estructurales que generan pobreza y exclusión. Cabe recordar una obviedad: la única manera de atacar a fondo la pobreza es atacando a fondo al sistema capitalista.
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> De los sectores sociales que se resisten a aceptar una cabal democracia para todos, parten las expresiones de estigmatización y rechazo hacia quienes reciben asignaciones estatales, haciéndolos históricamente objeto de diversos mitos y falsedades: que son vagos y no quieren trabajar; que la ayuda económica que reciben la destinan a bebidas alcohólicas o "que se va a ir por la canaleta del juego y de la droga"; que las niñas y adolescentes "se embarazan a propósito para cobrar la asignación por hijo", etc.
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> Por todo ello, además de la diferencia conceptual entre planes sociales y políticas de seguridad social, resulta necesario esclarecer las características y alcances de estas medidas, contribuyendo a desterrar prejuicios de clase, tendientes a preservar los privilegios de aquellos sectores sociales que pretenden negar el legítimo derecho de todos los ciudadanos a tener una vida mejor.
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> Cuando todos los trabajadores formales (aun los que perciben sueldos importantes) cobran el salario familiar (prenatal, licencia por maternidad, hijo, hijo discapacitado, ayuda escolar, matrimonio, nacimiento, adopción) o desgravan cargas sociales del Impuesto a las Ganancias, no se escuchan voces críticas y despectivas o imputaciones de que se estaría recibiendo un clientelístico plan social o bien que ese ingreso extra sería destinado a vicios o a gastos superfluos. Y está bien que así sea, porque estamos en presencia de una política (por suerte consolidada desde hace tiempo) de seguridad social. Pues bien: lo mismo acontece con la AUH, la asignación por embarazo y más recientemente, por escolaridad y por nacimiento (el Programa Qnitas) que vienen a consagrar para los trabajadores/as informales y los desocupados/as el mismo derecho que tienen los asalariados formales.
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> Puede parecer ocioso enfatizar acerca de la importancia, en la línea de la prevención, que adquieren las medidas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia. Alimentar, atender la salud y educar a todos los niños y adolescentes, son las cuestiones básicas que hay que garantizar para contribuir a la consolidación de una sociedad más justa y democrática, y para prevenir también nocivas consecuencias futuras, de difícil o hasta a veces imposible resolución.
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> Para las corrientes neoliberales, los derechos dependen del mercado; es decir, no hay derechos, sino capacidad (o no) de consumo. El derecho al trabajo, a condiciones dignas para el mismo y a la seguridad social y protecciones ante avatares de la vida, exige la intervención del único órgano con capacidad de imponerlo legítimamente, que es el Estado y por la ley.
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> La AUH se instituyó como un nuevo derecho del ámbito de la seguridad social para todos/as los trabajadores informales y los desocupados y, como tal, debe ser reconocida y caracterizada. No se trata, en consecuencia, de un plan social-asistencial. Ejercer un derecho no es lo mismo que recibir asistencia, a pesar de que la asistencia también es un derecho de la gente.
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> * Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
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CIRCULO ROJO.

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Mirale la cara a dos de sus empleados periodistas. Esos mismos que después te hablan de corrupción como si fuesen discípulos de Jesús de Nazareth