Siguen las transferencia de dinero, el Pueblo al empresariado

La conferencia de prensa de Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería, para explicar los nuevos cuadros tarifarios para el sector eléctrico, podría resumirse en una frase. “La factura promedio del 70 por ciento de los usuarios residenciales de Edesur de menor consumo (hasta 400 kw/hora por mes) pasará de 26 pesos a 158 pesos, y la del 80 por ciento de los usuarios residenciales de Edenor (en el mismo rango de consumo) pasa de 25 a 150 pesos.” Esto es, un incremento del 507,7 por ciento en el primer caso y del 500 por ciento en el segundo. Como el impacto del aumento difiere en cada caso, según la categoría y la variación de consumo respecto del año anterior, dicho promedio no refleja la situación del conjunto, ya que habrá aumentos por debajo y por encima. El consumo promedio en Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires es de poco más de 370 kw/h mensuales, y se estima que, entre dicho nivel y los 500 kw/h mensuales, el aumento del precio del servicio eléctrico en febrero se ubicará entre el 550 y el 600 por ciento. Según aclaró Aranguren, este aumento rige para los próximos tres meses, y en mayo habrá una revisión tarifaria para seguir el reordenamiento que busca terminar con el subsidio sobre el costo de la generación eléctrica. Antes, en el mes de marzo, se haría efectivo el aumento en la tarifa del gas, según fuentes oficiales.

El titular de Energía destacó el ahorro que obtendrá el Estado por la quita parcial del subsidio a la generación (centrales eléctricas) y la distribución (Edenor y Edesur). En el caso del precio de la energía, hizo la comparación en dólares: en 2015 el Estado pagó 9800 millones por subsidio a la generación y este año, tras las modificaciones en el esquema de pagos, el subsidio se reduce a 5800 millones de dólares. El ahorro de 4000 millones quedará a cargo de los usuarios de todo el país, que lo pagarán con el aumento de tarifas.

Con respecto a la distribución, Aranguren indicó que en 2015 el Estado afrontó transferencias a favor de Edenor y Edesur (las distribuidoras del resto del país tienen regulación y regímenes locales) por 10.400 millones de pesos, que complementaban el pago de los usuarios por 4200 millones de pesos en concepto de “valor agregado de distribución” (la retribución a las prestadoras de ese servicio). En 2016, con el nuevo esquema tarifario, el Estado dejará de pagarle a las distribuidoras.

El “ahorro” del Estado lo pagará el usuario, pero con un “plus”, porque lo que abonará por Valor Agregado de Distribución más el Focede (fondo de compensación eléctrico) sumará este año 16.300 millones de pesos. Traducido a pesos, el “ahorro” total del Estado por subsidio eléctrico será de 70 mil millones de pesos (estimando un dólar a 15 pesos). La carga extra para los usuarios, consecuencia del nuevo esquema, suma 72.100 millones. La diferencia es un ingreso extra de Edenor y Edesur.

Otro de los aspectos enfatizados por Aranguren fue que el régimen anterior había provocado una fuerte discriminación en contra de las provincias y a favor del área metropolitana, con tarifas que llegaban a representar entre siete y ocho veces las vigentes en la Ciudad Autónoma y el conurbano. Según un reciente estudio de Fundelec, es lo que resulta al comparar las tarifas de las distribuidoras de Río Negro, Tierra del Fuego, Santa Fe, Córdoba, entre Ríos y Jujuy, con respecto a las de Edenor y Edesur para distintos niveles de consumo. Esta distorsión no se resolverá con el nuevo esquema tarifario: tan sólo se reduciría y no en todos los casos. Es que a pesar de las altas tarifas ya vigentes, el costo de la electricidad también sufrirá fuertes incrementos, del orden del 100 al 150 por ciento (San Juan y Mendoza, por ejemplo), con casos extremos como el de Catamarca y Santiago del Estero, que al tener la energía subsidiada y los valores del servicio más próximos a los de Edenor y Edesur (“tan sólo” entre 150 y 200 por ciento más caros), estiman que podría sufrir incrementos en las facturas superiores al 400 por ciento.

En cuanto a la tarifa social, que le será asignada a jubilados, beneficiarios de programas sociales, empleados con sueldo menor a dos salarios mínimos, y discapacitados, Aranguren estimó que, dentro del universo de clientes de Edenor y Edesur, de 4,6 millones de hogares, le correspondería a aproximadamente 900 mil: poco menos del 20 por ciento. Recordó que quienes reciban esta asignación no abonarán el valor de la energía por el consumo de hasta 150 kw/hora mensuales (pero sí otros ítems de la factura, como el VAD, el Focede e impuestos). Por el excedente, el precio se definirá según supere o no el consumo del mismo mes del año 2015. Si hay mayor consumo, todo el excedente paga la tarifa normal. Si hay ahorro, será una tarifa reducida (10 por ciento de la normal). Con todas estas variantes, el Ministerio de Energía estimó que un usuario residencial con un consumo promedio de 202 kw/hora mensuales, que reciba la asignación de Tarifa social, sufrirá un aumento del 72 por ciento en la factura con el nuevo régimen desde febrero.

El premio por bajar el consumo respecto del año pasado es grande. El aumento de la tarifa es fuerte. El mensaje del gobierno es claro: busca reducir el consumo residencial, sugiriendo un uso más racional de la energía. En el caso de la pequeña industria, el menor consumo puede ser el equivalente a menor actividad, lo cual puede ser una de las consecuencias no deseadas del nuevo modelo de suministro eléctrico que ayer, Juan José Aranguren, presentó en sociedad.

Escucha la version no oficial (Clarin no te lo cuenta)

Primer mes de gestion de Macri (hace click aqui)

No es de Cristianos apoyar a MACRI

 Los bancos que nunca se hacen cargo de los costos sociales son los principales aliados de Macri y su gabinete de ministros de economia. Este acuerdo demuestra el fracaso de las medidas de desregulacion del Dolar o el exito deun real plan de saqueo de los recursos de los Argentinos.
El precio que paga Argentina por haber elegido como Presidente a un empresario que amaso su fortuna esquilmando al Estado. como dijo el Papa Francisco respecto del Capitalismo, vale para Macri lo mismo; " Quien lo apoya en sus decisiones macroeconomicas, no puede ser Cristiano.

Un grupo de siete bancos extranjeros compuesto por el HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Deutsche Bank, Citigroup y UBS le prestarán un total de 5000 millones de dólares al Banco Central. El crédito es por un plazo de once meses con una tasa de interés de 6,7 por ciento y los bancos no recibirán comisiones. El objetivo de la operación es exhibir una mayor magnitud de reservas internacionales –el stock rondará los 30 mil millones de dólares–. La necesidad de mostrar esa fortaleza adicional reside en que, a pesar del celebrado desmantelamiento de las regulaciones y la aparente estabilidad lograda, el mercado cambiario no recibe el flujo de divisas esperado vía exportaciones más inversiones externas. Los fondos llegarán durante la próxima semana. Cuando eso suceda, el BCRA cederá a los acreedores un paquete de títulos públicos por un valor de mercado estimado en 10 mil millones de dólares como garantía. En caso de no devolver el préstamo, las entidades prestatarias se quedarán con los bonos recibidos. 

La democracia es la mejor, aunque imperfecta forma de gobierno.

La demostración práctica de la imperfección del sistema es la asunción como Presidente de la República Argentina del empresario, con amplio recorrido en los negocios con el Estado Argentino de las ultimas 3 décadas, Mauricio Macri.

Es el triunfo por medios legítimos de un sector del poder real que nunca antes había asumido con un representante originario el puesto de Jefe del poder Ejecutivo.

Esta realidad nos tiene que hacer reflexionar sobre los peligros que la Democracia esconde para los pueblos y revisar que antecedentes deberían invalidar a las personas a acceder a cargos que entren en contradicción con su historia de vida y por ende sus intereses personales. La Ética, palabra y valor tan manoseado por los ejércitos de ciudadanos que se dicen republicanos, debería ser un punto menos abstracto y más preciso en los procesos de selección para el acceso a la función pública.

 Proceso de doble vía  y no de vía simple como se usa habitualmente. Vía simple porque la justicia puede actuar ante un funcionario que se enriqueció ilícitamente en su paso por cargos políticos pero, por otro lado no frena el acceso a la política de empresarios privados que una vez en los cargos toman decisiones políticas que favorecen a sectores de los cuales provienen y en otros casos a los testaferros que dejaron en funciones en sus empresas privadas mientras deciden recorrer el camino de la política.

Esa trampa no se sanciona en el actual esquema de la Democracia, y el hecho se agrava cuando el Poder Judicial que debería ser el instrumento que resguarde al pueblo de las falsedades ideológicas de los Presidentes y sus funcionarios, es un poder colonizado desde sus orígenes por las clases Aristocráticas  que representan a sus minorías enriquecidas desde la conformación del Estado Argentino.

Tal vez y para cerrar esta reflexión con un tono esperanzador, sea Argentina un Estado aún muy joven y deba atravesar muchas luchas populares que vayan configurando un real Estado de Derecho, inmerso en un mundo que vive atravesado por una forma de Gobierno que se llama CAPITALISMO y que redefine al planeta como un espacio físico donde pocos son los dueños de las cosas.

La planilla de Nisman

 Por Horacio Verbitsky

Una planilla que tuve a mi vista, aunque no recibí autorización para obtener un facsímil, detalla los pagos que una empresa de uno de los principales socios del fondo buitre NML Elliot, Sheldon Adelson, ordenó a favor del ex fiscal general Natalio Alberto Nisman. Adelson también es uno de los mayores aportantes al Partido Republicano y, a través de sociedades, al gobernante partido derechista Likud, del primer ministro de Israel Benjamin Netanhayu, los principales opositores al acuerdo nuclear con Irán que el presidente Barack Obama logró perfeccionar este mes. Adelson es uno de los 18 hombres más ricos del mundo, según la edición de junio pasado de la revista Forbes.

El jueves, en Davos, el presidente Maurizio Macrì volvió a reunirse con Netanyahu. Ya se habían visto en Israel, durante la visita de Macrì en junio de 2014. Macrì reveló entonces que habían hablado del fallo del juez de Wall Street, Thomas Griesa, a favor de los fondos buitre. “Habrá que pagar al contado”, opinó Macrì entonces, quien dijo que Netanyahu estaba de acuerdo. También coincidieron en el rechazo al Memorando de Entendimiento con Irán. Ahora las negociaciones con los buitres están abiertas y el Memorando no existe más. Modi Ephraim, sudirector del Departamento de América Latina y el Caribe de Israel, le dijo a la Agencia Judía de Noticias (AJN) que era la cita más importante para Netanhayu en Davos, encomió a Nisman y expresó su satisfacción por “algunos pasos muy positivos del gobierno para seguir con el trabajo” del ex fiscal, como la decisión de no apelar la declaración de inconstitucionalidad del Memorando y el proyecto de ley de juzgamiento en ausencia de los acusados por la explosión. La Argentina de Macrì será el mejor aliado del gobierno de Netanyahu en América, dijo, y anunció una ola de inversiones de empresas israelíes. Los dos jefes de Estado acordaron en Davos la cooperación israelí en tecnología de inteligencia seguridad y defensa. Esos negocios se harán sin licitación, que es una de las motivaciones centrales para la declaración de la emergencia en seguridad. El decreto que la dispuso incluye una de las condiciones del Frente Renovador para brindar el apoyo de sus legisladores nacionales y provinciales al gobierno de Cambiemos: la pena de muerte sin juicio previo para sospechosos de cometer determinados delitos, si lo intentan mediante el uso de aeronaves. Aparte de violar el Pacto de San José, que tiene rango constitucional, también soslaya la prohibición de que el Poder Ejecutivo legisle ni siquiera en forma transitoria en materia penal, contenida en el inciso 3 del artículo 99 de la Carta reformada en 1994. El patético rol de Sergio Massa en Davos, ungido por el monarca en muy leal oposición a su majestad, exime de mayores comentarios.

El Panteón de la Patria

Los turbios manejos económicos de Nisman y su relación promiscua con la derecha republicana e israelí están entre los principales obstáculos para su exaltación al Panteón de los Próceres de la Patria. Pero aun así, el gobierno nacional se propone resucitar su acusación a la entonces presidente CFK reabriendo un caso judicial cerrado como cosa juzgada, por ausencia de delito. Cuenta para ello con el regreso, previsto para el 28 de febrero, del ex jefe de Contrainteligencia, Horacio Antonio Stiuso. Durante la investigación por la muerte de Nisman, Stiuso declaró ante la fiscal Viviana Fein que no estaba de acuerdo con la denuncia de su colaborador judicial. Lo que no aclaró fue si su disenso se refería al contenido del escrito de Nisman o apenas a la oportunidad. El propio Nisman le anticipó en 2014 a la ex abogada de la DAIA Marta Nercellas que tenía pruebas muy grandes que conducirían a la detención de Cristina, pero que “lo voy a hacer después de que deje el poder”. El temor a ser relevado del cargo y la oportunidad del atentado terrorista en París contra Charlie Hebdo le hicieron adelantar el cronograma. Ahora el presidente es Macrì y la jueza Fabiana Palmaghini se abocó a la causa. La destrucción del kirchnerismo, sus dirigentes y emblemas, es uno de los principales objetivos del nuevo gobierno que, con sus pequeños bloques de diputados y senadores, necesita que tampoco sean revocados por el Congreso los decretos con los cuales está derogando leyes y reformateando la política económico-social. Si fuera más expresivo, Macrì podría decir: “Nada personal. Esto es sólo política”. Antes de partir hacia Davos para pregonar ese cambio, Macrì recibió a las hijas de Nisman y altos funcionarios de su gobierno participaron en un acto en el que cada orador se refirió como si fuera un hecho indiscutible al “asesinato” del ex fiscal, de lo cual hasta ahora hay tan pocas pruebas como de los delitos que él le imputó a Cristina y a su canciller Héctor Timerman.

Intimación a los medios

El ex directivo de la DAIA Jorge Elbaum suministró en la edición de este diario del 29 de septiembre de 2015 la primera noticia acerca del dinero recibido por Nisman de una empresa propiedad de Sheldon G. Adelson, uno de los mayores empresarios del juego en el mundo, principal socio de Paul Singer y mecenas de la Task Force Argentina. Este es un instrumento de presión que para conseguir el pago a los fondos buitre se especializó en la presentación de denuncias contra el anterior gobierno argentino, al que asoció con el eje del mal formado por Irán y Venezuela. Elbaum citó a “empleados de una filial bancaria con sede en Uruguay”, según quienes Nisman recibió del grupo periodístico Israel Hayom 280 mil dólares, girados entre 2010 y 2014 a una cuenta del Bank Hapoalim de la ciudad de Colonia, de la República Oriental del Uruguay. Elbaum agregó que el ex fiscal no declaró esas transferencias, que los ejecutivos del grupo periodístico justificaron como honorarios por conferencias, “a pesar de no existir registro alguno de esas presentaciones”. A raíz de la publicación, este diario recibió una comunicación de los abogados del multimillonario estadounidense, que se publicó el 27 de noviembre, con el título “Aclaración de Israel Hayom”. Su texto decía que ni el diario de mayor circulación en Israel ni Adelson realizaron negocios “a través o con la oficina uruguaya del Banco Hapoalim”, ni hicieron “pagos impropios o ilegales para evadir impuestos”. También negaron estar implicados “en algún tipo de conspiración” para presionar a la Argentina. Una notificación similar fue enviada al diario Buenos Aires Herald, que entrevistó a Elbaum sobre el tema. Los abogados de Adelson advirtieron al Herald sobre inminentes acciones legales en la jurisdicción que ellos eligieran si no rectificaban la información, retiraban su registro de Internet y pedían disculpas. Las autoridades del diario porteño que se edita en inglés respondieron que la ley argentina protege la libertad de prensa, que la cita había sido correcta, con clara identificación de la fuente y sin dar nada por hecho, por lo que rechazaron el pedido. En cambio ofrecieron espacio para una réplica y solicitaron una entrevista con Adelson. Hasta hoy no han recibido respuesta.

El banco de los trabajadores

La planilla con las transferencias a favor de Nisman lleva el membrete de la sucursal en la ciudad uruguaya de Colonia del BHI (Bank Hapoalim, que en hebreo quiere decir Banco de los Trabajadores. Fue fundado en 1921 por la central sindical Histadrut, durante los años del proyecto sionista socialista, pero se privatizó en 1996, en el apogeo mundial del neoliberalismo). La fuente de las transferencias es identificada como Israel Hayom. Se trata de un diario de distribución gratuita, que se puede traducir al castellano como “Israel al día” y cuyo principal accionista es el empresario del juego legal Sheldon G. Adelson, con casinos en Las Vegas. La cuenta bancaria internacional de referencia se identifica como 9700-7548-MAJ-6325-AC874 y como titular de pago (Holder paid) figura Nisman, Natalio.

La planilla tiene dos columnas. La de la izquierda dice Date of Accreditation, es decir la fecha en la que se recibió la transferencia, y la de la derecha el monto, expresado en dólares de los Estados Unidos. La primera transferencia se acreditó el 26 de octubre de 2010, un mes después de un seminario sobre la penetración de Irán en América Latina, coorganizado por la DAIA, el Congreso Judío Latinoamericano y la fundación Israel Allies Caucus, financiadas por Adelson, durante el cual Nisman se reunió con Roger Noriega, cuyo American Enterprise Institute también es sostenido por el Rey del Juego. Transferencias similares, siempre por 23.500 dólares cada una, se realizaron otras once veces en los años siguientes, hasta el 14 de agosto de 2014, según el siguiente detalle, que totaliza 282.000 dólares:

Transferencias a Nisman en el Banco Hapoalim de Colonia, Uruguay. Las fechas están indicadas en este orden: mes,día, año.

Una leyenda significativa indica: “Not Swift Code. Schedule Trustees. Received”. Es decir: “Sin Código Swift. Anexo de Fiduciarios. Recibido”. El Código Swift es un formato mundial normalizado de identificación bancaria, que las entidades utilizan para las transferencias de dinero entre ellas, en especial las electrónicas o por cable. Tiene ocho caracteres obligatorios, y otros tres opcionales si además se especifica la sucursal en la que el cliente tiene la cuenta. Que las transferencias a Nisman se hayan efectuado al margen del Código Swift significa que no quedaron registradas legalmente fuera de la sucursal Colonia del BHI. Swift es la sigla de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, con sede en La Hulpe, Bélgica. El Código Swift del Banco Hapoalim de Latinoamérica en el Uruguay es POALUYMM.

En diciembre de 2014, el Banco Central del Uruguay hizo una evaluación crítica del cumplimiento de la normativa sobre lavado de dinero por parte de varios bancos, entre ellos el Hapoalim. Así lo admitió la oficial de cumplimiento del Hapoalim, María Pilar Pedrazzini, durante una jornada de capacitación sobre lavado. Nisman murió al mes siguiente, y poco después el Hapoalim decidió el cierre de su sucursal Colonia, que era la puerta de salida para la fuga de capitales desde la Argentina hacia Israel. Hoy sólo quedan la central en Montevideo, que a la sigla añade el número 001, y la de Punta del Este, con el añadido 002.

Jujuy es un caso testigo de impunidad de la coalicion de derecha que gobierna Argentina

LA REFORMA JUDICIAL QUE APLICO GERARDO MORALES APENAS ASUMIO COMO GOBERNADOR DE JUJUY

La independencia se quedó en el discurso

Llevó el número de integrantes del Superior Tribunal de cinco a nueve y designó a dos diputados radicales que acababan de votar la ampliación y a un tercero que también fue legislador de la UCR. La hermana del vicegobernador fue designada en la Defensoría General.

  Por Irina Hauser

A contramano de sus abundantes discursos en defensa de la “independencia judicial”, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, consiguió en cuestión de días la aprobación de un paquete de reformas que le permitieron nombrar a dirigentes radicales y otros aliados en puestos clave del Poder Judicial local. En el caso más flagrante, logró llevar el número de integrantes del Superior Tribunal provincial de cinco a nueve y en la misma semana designó entre sus nuevos miembros a dos de los diputados radicales que acababan de votar la ley de ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, y a un tercero que también había sido legislador de la UCR, Federico Otaola. La legislatura creó a su vez un sistema acusatorio para las investigaciones penales y al frente del Ministerio Público Fiscal quedó un funcionario judicial también de origen radical, en el de la Defensa una de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim, mientras que la otra hermana está en la Secretaría de Derechos Humanos, sin experiencia en el tema. Uno de los dos jueces que ordenaron ayer el desalojo del acampe de la Tupac Amaru, Matías Ustares Carrillo, le debe su flamante cargo a Morales, que lo incluyó entre los más recientes elegidos. Con la lógica de disciplinar y aleccionar que implica de por sí la detención de Milagro Sala, el mandatario denunció al fiscal Daniel Osinaga por no perseguirla ni imputar a los dirigentes que mantienen la protesta.

“Fue entre gallos y medianoche, y es literal, ya que la ampliación del superior tribunal se votó sorpresivamente a las cuatro de la madrugada”, relata Ariel Ruarte, quien reemplazó a Milagro Sala en su banca para que ella asumiera en el Parlasur. El proyecto estaba incluido en el temario de la Legislatura del 15 de diciembre para las 12 del mediodía, pero en plena sesión maratónica la noche anterior el radicalismo resolvió adelantarlo. Los 25 votos oficialistas bastaron para la aprobación. El peronismo se plantó en contra y el Frente Unidos y Organizados por una Soberanía Popular (Fuyo) se retiró en señal de desaprobación. El más alto tribunal de la provincia pasaba así a tener nueve jueces, el mismo número casualmente en los noventa eligió Carlos Menem para tener su Corte amiga.

Para defender el plan de agrandar el superior tribunal, el oficialismo jujeño habló de la lentitud de las decisiones judiciales, de la falta de eficacia y la necesidad de especialización, para lo cual impulsó la división del cuerpo en cuatro salas. Pero lo más sorprendente fue que el presidente de la bancada radical, Alberto Bernis, desplegó todo un discurso sobre “mejorar la justicia para garantizar la independencia”. “Estamos dando condiciones para consolidar la transparencia del Poder Judicial”, prometió. A las pocas horas de votar la ley en cuestión, los diputados de la UCR Baca y Altamirano renunciaron a sus bancas y el viernes 18 estaban jurando en la función de jueces supremos como si nada. Morales también nominó a Otarola, otro hombre del radicalismo, diputado en los ochenta y candidato a vicegobernador también. En el cuarto lugar fue designada Laura Lamas, quien a diferencia del resto viene de carrera judicial, en una mini concesión al peronismo.

El superior tribunal de cinco integrantes con el que debía convivir Morales estaba integrado por mayoría de jueces que le deben su cargo al ex gobernador Eduardo Fellner. Ellos son María Silvia Bernal, Sergio Jenefes (hermano del ex vicegobernador), José Manuel Del Campo y Sergio González. La integrante radical de la vieja composición es Clara De Langhe de Falcone, también ex diputada, quien ahora fue elegida como presidenta del tribunal y tendrá la facultad de definir las votaciones de salas (que tendrán dos jueces) que queden trabadas. Es decir, el máximo tribunal provincial tiene en la actualidad de nueve miembros cuatro directamente vinculados con la política por su militancia radical y los cargos ejercidos. A ellos se suma una jueza, Lamas, que le deberá su cargo a Morales.

Organismos de derechos humanos, abogados de origen diverso, diputados de Fuyo e integrantes de Justicia Legítima repudiaron la reforma, denunciaron que se salteó el debate en comisión, que no se cumplían los requisitos de necesidad y urgencia de una sesión extraordinaria, y aun antes de que asumieran los nuevos jueces alertaron sobre la inminente y anunciada “pérdida de independencia” en una maniobra de “cooptación” explícita del Poder Judicial jujeño que algunos compararon con un “golpe de Estado” en Tribunales.

Pero la reforma judicial en Jujuy resultó más grande y el combo incluye diez leyes. Una de ellas, que da los primeros pasos para un sistema acusatorio (donde las investigaciones están a cargo de los fiscales y los jueces tienen función de garantes) definió la autonomía del Ministerio Público en la provincia, que no existía como tal, por eso esto implicó que hubiera nombramientos. Al frente del Ministerio Público Fiscal, en el cargo de Fiscal General de la Acusación, quedó Sergio Lello Sánchez, quien si bien viene de carrera tribunalicia, donde era secretario de Cámara, su familia es de origen radical. A cargo de la Defensa Pública fue nombrada Ivonne Haquim, la hermana del vicegobernador. A la otra hermana, Susana Haquim, le tocó la Secretaría de Derechos Humanos, aunque no se le conocen antecedentes en el tema según señalan los abogados de causas de lesa humanidad.

La detención de la dirigente Milagro Sala también es utilizada como un modelo aleccionador para esta nueva “Justicia” que se propone instalar Morales. Y así es como anuncia la denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el fiscal Osuna, quien decidió trasladar al juez la decisión sobre la imputación de un delito y su persecución contra Sala y quienes participan del acampe, que evidentemente él no advertía. Frente a la protesta de las organizaciones sociales que reclaman audiencia con Morales, actuaron dos jueces que ordenaron el desalojo: uno es el juez penal, Gastón Mercau, y otro es un juez contravencional, Ustares Carrillo. Este último juró en la primera semana de enero en su cargo y el expediente sobre el acampe –en el que dicen los abogados de la Tupac Amaru que no podía intervenir porque ya estaba en trámite– lleva el número 001, o sea, su expediente inaugural como juez, todo un símbolo frente en el reinado de Morales.

La reforma de Morales prevé un sistema de concursos para aplicar a futuro, donde el jurado podría estar integrado por mayoría de sus aliados en el superior tribunal, la cámara de Diputados, el Colegio de Magistrados y el de Abogados. De todos modos, se empezará a aplicar por lo menos dentro de un año, cuando muchos de los cerca de 200 cargos (en un sistema judicial que no tiene más de 400) que se crearían podrían ser cubiertos con el viejo sistema, a dedo. Para colmo, los tribunales jujeños arrastran gran cantidad de vacantes. Hasta ahora, cuando a Morales no le gustaban un tribunal, como el que le tocó por sorteo en un juicio que precisamente le inició a Milagro Sala por un escrache en los primeros debates de la ley de Medios, recusaba a los jueces con el argumento de que estaba seguro de que iban a fallar en su contra por falta de independencia. En ese caso eran dos jueces porteños, Fátima Ruiz López y Daniel Morin, a quienes “acusaba” de pertenecer a Justicia Legítima, aunque no eran socios, pero que casualmente habían motorizado juicios de lesa humanidad en la provincia.

TARIFAZO de Muza

No te preguntaron si eras K

ULTIMO MOMENTO

Los amigos de MACRI y VIDAL que no quieren mostrar (hace clic en el enlace)

De estos temas nunca te van a informar la cadena Nacional Privada que puso en el gobierno a Marioneta Macri

Lo que te ocultan sobre la fuga de Lanatta S.A

La Fuga Desopilante

http://mabaires.blogspot.com.ar/

 El día domingo 27 de diciembre, a las 2,30 horas aproximadamente, se fugaron de un penal de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires los hermanos Christian y Martín Lanatta;  y Víctor Schillaci Bonini.

Estaban condenados a cadena perpetua por encontrarlos autores del asesinato de Damián Ferrón, Leopoldo Bina y Sebastián Forza , hecho que se lo denominó en la prensa  "Triple Crimen de General Rodríguez ".

En oportunidad del juicio se demostró que estas tres personas se habían reunido con sus víctimas en un supermercado de Sarandí, mediante engaños los secuestraron, maniataron, torturaron,  asesinaron, metieron en un freezer y luego acarrearon los cadáveres  de los tres desafortunados jóvenes hombres  hasta un descampado de General Rodríguez en  Buenos Aires. 

El triple crimen puso sobre el tapete una de las tramas del narcotráfico: la Argentina como país de triangulación y el nuevo negocio de la venta de medicamentos adulterados, vencidos o truchos .

La efedrina se importaba desde China, con un valor de 500 dólares el kilo. Se ingresaba a Argentina y se llevaba a EEUU donde alcanzaba convertida en metaanfetaminas, un valor de 50.000 dólares el kilo.

La efedrina es  una sustancia química que se utiliza para la elaboración de ciertos medicamentos, por eso aparecían como compradoras, ciertas droguerías.

José Luis Salerno,  un ex policía bonaerense, exonerado de la fuerza, se había asociado a uno de los asesinados Damián Ferrón en la firma Farma Group.

Damián Ferrón y Sebastián Forza trabajaban para el  mexicano Esteban Ibar Pérez Corradi.

Pero un día decidieron hacer su propio negocio, y para eso buscan a Leopoldo Bina, un amigo de ellos que hasta ese momento había estado ajeno al negocio de los medicamentos o la farmacéutica, pero tenía contactos en la Aduana.

Se contactan con otro narco mexicano, Jesús Martínez Espinoza  que se dedicaba a la venta de metaanfetaminas en zona norte del Gran Buenos Aires.


 Pérez Corradi, se entera de que intentaban hacer negocios por su cuenta con uno de sus competidores. Y comprende que los dos millones de dólares que Forza le debía y no le estaba pagando, jamás se los iba a pagar. 

Sebastián Forza es contactado  de algún modo por  Jorge Fino Palacios (el ex comisario exonerado de la policía Federal, procesado por encubrimiento en la Causa AMIA y ex jefe de la Metropolitana acusado por Alberto Nisman de ser uno de los responsables del espionaje a ciudadanos ), quien junto a Eamon Mullen, y José Barbaccia, le ofrece protección  a cambio de que le cuente cómo era la operatoria con los medicamentos truchos porque eso estaba afectando al Laboratorio Abbot para el cual estaban trabajando.

A los pocos días, de esta oferta de protección, Martín Lanatta , su hermano, y los hermanos Schillacci, que eran amigos de Forza y Ferrón, los citan , secuestran, y matan en un descampado.

En los negocios donde se mueven tanto dinero en negro, siempre aparecen los "financistas".

El financista de Forza, era Damián Stefanini. El que desapareció misteriosamente en 2014, dejando su auto Audi al costado de una ruta, el que le había comprado a otro "financista" : Federico Elaskar (que a su vez está vinculado a otro lavador, contrabandista y tratante: Juan Suris, detenido en Bahía Blanca).

  Damián Stefanini trabajaba para Forza. Y es lógico suponer, por carácter transitivo,  que también para Pérez Corradi, el ideólogo de la muerte de los tres "jóvenes emprendedores"ejecutados a balazos.

Esteban Ibar Pérez Corradi tenía un pedido de extradición a los EEUU, por haber enviado una droga muy potente, derivada del opio y más fuerte que la morfina  por correo .

Ese pedido de extradición lo tenía Sandra Arroyo Salgado, la esposa en ese entonces del fiscal de la causa AMIAAlberto Nisman.

Pérez Corradi, estuvo prófugo un tiempo y se entregó a Interpol Argentina, pidiendo ser juzgado
en nuestro país.
Su abogado pidió la excarcelación.

Oyarbide que tenía la causa de los Medicamentos truchos en la cual estaba implicado, solicita a la Cámara que le especifique si debía dejarlo en libertad hasta el juicio o no.

La Sala II de la Cámara  Federal integrada por Cattani, Irurzun y Farah dicen que se le puede otorgar la excarcelación ya que no había real peligro de que quisiera profugarse.
 
Pérez Corradi fue puesto en libertad el día 15 de diciembre de 2011.

Sandra Arroyo Salgado nunca respondió el pedido de extradición.

Y obviamente, Esteban Pérez Corradi se profugó. 

Es interesante ver que a pesar de semejante gaffe, los juecesque posibilitaron su fuga, nunca fueron despeinados por sospecha alguna; y tampoco el caso se difundió demasiado.   




Hace 5 años que Pérez Corradi permanece prófugo.
Su abogado entonces era Juan José Ribelli, el ex policía bonaerense acusado de recibir 100.000 dólares por inculparse del atentado a la AMIA, que investigaba Alberto Nisman; el mismo fiscal que en 2013, dos años después de la fuga del narco mexicano, recibiría dinero en su cuenta a través de Damián Stefanini, el financista del mexicano y  de los asesinados en Gral Rodríguez.   

A pesar de tantas coincidencias, jamás a la prensa se le ocurrió atar todos estos cabos sueltos. Y si se les ocurrió, pocos  lo publicaron.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/277990-73693-2015-07-27.html 


El defensor de Ribelli en la causa AMIA, había sido el Dr Pablo Vigliero. El mismo que hoy es abogado  de la jueza Arroyo Salgado en la causa Nisman, en la que ella representa a sus hijas menores en la querella. 

Aristocracia Argentina gobierna usando la Democracia

El mandatario utilizó su cuenta de Twitter para brindar, con una foto familiar en la que están él, su esposa Juliana Awada y Antonia, hija del matrimonio. Con dos copas y vestidos para la ocasión saludaron desde Villa la Angostura y olvidaron, o no, un pequeño detalle, en el fondo se exhiben varias cabezas de animales cazados.