sábado, 30 de agosto de 2014

Europa y su Neomedioevo


PESE A LOS ABRUMADORES RESULTADOS, NI EL SOCIALISMO TIENE OTRA RECETA

Europa no sabe cómo salir del ajuste
El continente sigue con cifras cada vez más alarmantes de recesión, deterioro de servicios sociales y pobreza, pero el dogma conservador sigue instalado como la única verdad para la economía.
Las protestas y la falta de resultados palpables no cambiaron la ideología de los gobiernos de la Unión.
Por Eduardo Febbro

Desde París

La "izquierda realista", el "social liberalismo", la "izquierda reformista y de futuro", los muchos nombres con los que se designa a los gobiernos socialistas europeos –pasados o presentes– se traducen en una misma política, cuya pertinencia se incrustó en el corazón de la crisis política. Esto es, austeridad, recortes y ahorros drásticos a todos los niveles como ingredientes del cóctel liberal que le UE sigue proponiendo a las sociedades. La aberración económica continúa como espina dorsal de la política europea. La sanción a esta política queda plasmada con cada publicación de los índices de crecimiento sin que los dirigentes contemplen modificar el rumbo. El fin del verano europeo y la consiguiente avalancha de realidades no inmutan a los dirigentes. El primer ministro francés Manuel Valls reiteró que estaba "excluido cualquier cambio de política". Las estadísticas, una vez más, vinieron a refutar la pertinencia de esa línea. El organismo Eurostat publicó a mediados de agosto los índices catastróficos de crecimiento para los 18 países de la zona Euro. Durante los tres primeros meses del año, el crecimiento del PBI se limitó a un 0,2 por ciento, muy lejos de las estimaciones de los analistas. Bruno Cavalier, economista en Oddo Securities, comentó al vespertino Le Monde que "incluso si la UE salió de la recesión desde hace cinco trimestres, el reequilibrio del PBI no es suficiente como para disipar el riesgo de una recaída".

Allí donde se mire hay una laguna estancada. Las tres primeras economías de la zona Euro, Alemania, Francia e Italia, se encuentran en estado durmiente: el PBI de Alemania retrocedió en 0,2 por ciento, el de Francia quedó en cero mientras que Italia, con un 0,2 por ciento negativo, cayó en recesión. El extenso ciclo de una política monetaria muy restrictiva, sumado a la austeridad presupuestaria, desembocó en un nuevo camino sin salida. La ortodoxia y el dogmatismo de las finanzas prevalecieron sobre los intereses de los pueblos. El euro y el ideal de las elites comunitarias de un déficit no superior al tres por ciento del PBI aplastaron el desarrollo. Como lo señaló el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz en una columna publicada por el portal Mediapart, "es evidente que, bajo su forma actual, el euro conduce al fracaso del continente".

Otro Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, también puso en tela de juicio la política de austeridad impuesta por la clase dirigente europea. Según Krugman, "mucha gente seria se hizo embrujar por el culto a la austeridad, por esa creencia según la cual los déficit presupuestarios constituyen el peligro inmediato más identificado y no el desempleo en masa. Muchos creen que la reducción de los déficit resolverá en cierta forma un problema provocado en primer lugar por los excesos del sector privado". Hasta los liberales norteamericanos reaccionan con hostilidad. The New York Times atacó de forma frontal ese rasgo continuo de los europeos: el diario escribió que son "políticas erróneas de los dirigentes europeos que se obstinan en aplicar en desmedro de todas las pruebas de que se trata de un mal remedio".

Tras varios años sin otro horizonte que el de la austeridad, el único cambio significativo ha sido el giro liberal de los socialdemócratas europeos. Los males que la austeridad debían combatir siguen presentes: desempleo, déficit, crecimiento, reactivación económica, desendeudamiento de los Estados. Una vez más, Francia es un magnífico ejemplo de la mudanza ideológica y pragmática de los socialistas europeos. Hace unos días, el premier Valls calificó de "irresponsables" a los dirigentes socialistas que ponen en tela de juicio la política del gobierno. Luego, en una extensa entrevista-programa del presidente francés publicada por el vespertino Le Monde, François Hollande dijo que no había "escapatoria". El golpe de gracia vino con el cambio de gobierno y el consiguiente apartamiento de los líderes más a la izquierda que formaban parte del Ejecutivo y el nombramiento de un banquero de la banca Rothschild, Emmanuel Macron, como ministro de Economía.

Las promesas de antaño fueron reemplazadas por expresiones como "la verdad", "la lucidez", "la sinceridad", o sea, más austeridad, más reformas, más concesiones a las patronales. Sin embargo, a escala continental ya nadie cree en que austeridad conduzca a alguna forma de bienestar posterior. La empresa Gallup realizó un sondeo de opinión cuyos resultados muestran que los europeos no tienen confianza en esa panacea. Ante la pregunta "¿La austeridad consigue resultados en Europa?", el 51 por ciento respondió negativamente.

El sacrificio impuesto a las sociedades no hizo mover las agujas. Las del desempleo, en primer lugar. La tasa de desempleo se eleva al 10,5 por ciento en los 28 países de la Unión Europea. En Francia, el paro afecta al 10,4 por ciento de la población activa; en Portugal (con cinco planes de austeridad), al 15,2; en España (cuatro planes de austeridad), al 25,3; en Italia, al 12,7; en Grecia (diez planes de austeridad), al 26,7; y en Alemania, al 5,1. Las disparidades entre los países son enormes. En cuanto a la deuda pública global, la camisa de fuerza de las políticas de rigor presupuestario ha sido un fracaso: a finales de 2011, la deuda estatal de los países de la zona Euro había subido en 2,3 puntos del PBI. A principios del año pasado, la deuda se incrementó en 4,9 puntos.

El impacto social de esta política tiene también consecuencias en otros sectores. Un informe elaborado por el comisario europeo para los Derechos Humanos en el Consejo de Europa, Nils Muiznieks, revela los estragos paralelos de esta casi dictadura de la austeridad: educación, salud, alimentos, acceso al agua, trabajo o vivienda, la lista de los sectores dañados es enorme. El informe, titulado "Preservar los derechos humanos en tiempos de crisis", revela también que el ochenta por ciento de la población mundial está afectada por la disminución de los gastos públicos (5,8 mil millones de personas). El famoso proyecto de construcción europea se quedó sin relato colectivo, sin discurso político. Su único mensaje consiste en pedirle a la sociedad más y más esfuerzos en nombre de un futuro que ningún dirigente del Viejo Continente ha sido capaz de diseñar. La continuidad grisácea de la austeridad predomina sobre cualquier invención política o económica.

efebbro@pagina12.com.ar

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miércoles, 27 de agosto de 2014

Y si fuera presidente?

Palabras mas, palabras menos, igual a cero.(Hace click para conocerlo)

Argentina quiere pagar. No al griesadefault.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, se encuentra en el Senado, y oficia de orador principal en el plenario de comisiones donde se discutirá el proyecto de Ley de Pago Soberano Local.

De esta forma, el titular de la cartera brinda precisiones sobre el proyecto de ley que impulsa el cambio de domicilio de pago a los poseedores de bonos reestructurados en los canjes de 2005 y de 2010.

Además del ministro, los senadores escucharán las exposiciones del secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.

Al concluir esta jornada, el oficialismo confía en emitir dictamen al proyecto, de manera de poder tratarla en la sesión del 3 de septiembre, aunque varios bloque opositores adelantaron que no apoyarán la iniciativa.

El proyecto fue anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional, y contempla la creación de instrumentos legales para el pago de los servicios de la totalidad de los tenedores de bonos y la reapertura del canje de deuda para que puedan ingresar los holdouts que mantienen títulos en default en su poder.

La propuesta oficial autoriza al Ministerio de Economía "a adoptar las medidas necesarias" para remover al Bank of New York Mellon como agente fiduciario y a designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A.; sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los títulos reestructurados.

Además, declara de interés público la reestructuración de la deuda externa argentina concretada en 2005 y 2010, ante el próximo vencimiento por 200 millones de dólares al que la Argentina debe hacer frente el 30 de septiembre por el pago a bonistas.

El oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la ley en ambas cámaras, por lo que se descuenta que tendrá un rápido tratamiento para que el 30 de setiembre, cuando vence un nuevo servicio de la deuda, ya esté operativa la nueva cuenta de pago.

martes, 26 de agosto de 2014

Stiglitz: "El fallo de Griesa alienta la usura"


 
Pago soberano de la deuda

El premio Nobel de Economía consideró que la decisión del juez neoyorquino favorable a los fondos buitre podría provocar que "los países que emitan deuda ya no se fíen de la Justicia de Estados Unidos y elijan otros mercados", y destacó que si bien "los medios de comunicación denominan a la situación como una 'suspensión de pagos'" por parte de Argentina, "el hashtag #griesafault en Twitter describe a la situación de manera mucho más precisa".


"Por primera vez en la historia, un país que está dispuesto y tiene la capacidad para pagar a sus acreedores no puede hacerlo porque un juez se lo impide", remarcó Joseph Stiglitz en una nota publicada por el diario El País, bajo el titulo "La moratoria 'a la Griesa' de Argentina", en el que sostiene que el fallo favorable a los fondos buitre "alienta el comportamiento usurero, se torna en una amenaza para el funcionamiento de los mercados financieros internacionales y desafía un principio básico del capitalismo moderno: los deudores insolventes necesitan un nuevo comienzo".
El premio Nobel opinó que "Argentina ha cumplido con las obligaciones que tiene con sus ciudadanos, y también con sus acreedores quienes aceptaron la reestructuración que este país realizó" y evaluó que "el reembolso en los términos estipulados por Griesa -para cumplir con el reclamo de los buitres- devastaría la economía argentina".
Explicó que "otros acreedores que se negaron a participar en el proceso de reestructuración (un 6,6 por ciento del total) recibirían 15.000 millones de dólares", y subrayó que, como ello activaría la cláusula RUFO, el país "podría entrar en apuros ya que tendría que pagar 140.000 millones de dólares adicionales", un dinero "que iría a llenar los bolsillos de algunos multimillonarios que están decididos a exprimir a Argentina y dejarla sin un centavo".
Stiglitz recordó, además, que "en el período previo al 30 de julio -cuando finalmente se suspendió la reestructuración-, los buitres llevaron a cabo una campaña del miedo", y puntualizó que "ellos aseveraban que una segunda suspensión de pagos en 13 años sería un gran revés para Argentina, ya que amenazaría a la frágil economía del país".
Sin embargo, remarcó que "todo ello se basaba en la conjetura de que los mercados financieros no irían a distinguir entre una suspensión de pagos corriente de una moratoria a la Griesa, o como se la denomina en inglés una Griesafault".
De todos modos, estimó que "se pagará un precio alto por esa moratoria a la Griesa, que será menor para Argentina que el que tendrá que pagar la economía mundial y los países que necesiten acceso a financiación externa".
En ese sentido consideró que los tribunales estadounidenses "han sido una farsa: como un observador ha señalado, queda bien claro que Griesa nunca ha llegado a desentrañar la complejidad del tema". En este sentido estimó que "el sistema financiero de Estados Unidos, que ya ha ganado práctica en explotar a estadounidenses que viven en niveles de pobreza, ha ampliado sus esfuerzos, expandiéndolos a nivel mundial", y pronosticó que "los prestatarios soberanos no van a confiar, ni deberían, en la imparcialidad y competencia del poder judicial norteamericano y el mercado para la emisión de dichos bonos se trasladará a otro lugar".

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Un logro central del Kirchnerismo

No es una politica publica, es una forma de confrontar los hechos sociales.
 
 
Uno de los grandes logros del Kirchnerismo, a sido que los que decianse ser APOLITICOS, tuvieron que desatarse el nudo de la careta y decir de que lado estaban.
Eso, para un paìs que quiere progresar, es indispensable. La hipocresia nos llevo a votar y negar a memem.
Hay un antes y un despues del Kirchnerismo. Lo saben los que saben y lo estamos sabieldo los que somos pueblo, los que somos trabaj...adores, los que siempre vivimos del trabajo.
Tal vez haya cosas que no te puedan gustar, y eso es normal, lo anormal es que siendo pueblo, siendo trabajador, te pongas del lado del opresor de los trabajadores, de los pueblos. El opresor es la oligarquia que fundó su forma de pais en el siglo XIX y hoy sus herederos y socios extranjeros quieren seguir imponiendo como forma de vida.
La logica del patron de estancia es la logica de la oligarquia Argentina.
Si sos trabajador, si sos pueblo, no te dejes confundir por los que venden derrotas con formas de inserción al mundo

lunes, 25 de agosto de 2014

Mercenarios del mercado

Cuando algún funcionario público,  está en connivencia con las empresas privadas, o cuando se da el caso de que algún ejecutivo de empresas privadas o profesional independiente que profesa el libre mercado llega a cargos públicos utilizando las herramientas democráticas y sus grietas puede sucederé lo que nos pasó con Cavallo en la Argentina de la década de los 90 (Privatizaciones, convertibilidad, vaciamiento del Estado) y a finales del 2001(Blindaje y Mega canje).

Todas esas políticas fueron muy defendidas en los medios de comunicación por el economista Melconian ()hoy del PRO), por el economista Broda, de cuyo riñón salió  Jose Luis Espert.(otro buitre Interno)

La deuda que Cavallo nos legó

martes, 19 de agosto de 2014

Estación Avellaneda

 

Cuando la noche encima se nos cayó

Los días se llenaron de incertidumbre

La comida escaseaba en la mesa

Los miedos invadieron la existencia

La salida de emergencia se cerró

Cual trampa Cromañón

Llegó la desesperación.

 

Todo estaba orquestado

Todo tenía una finalidad

Limar las esperanzas, profundizar la desigualdad

El  plomo  otra vez en contra del pueblo

Siempre en contra de la verdad.

 

El estallido llegó

La resistencia popular apareció

La muerte no la paró

Hoy el malvado retrocedió, en algún lugar se agazapo

 

Estación testigo de una historia que tu nombre cambio

Camino obligado de clase popular

Lugar simbólico de ahí en más

Donde parte de la historia se comenzó a forjar

 

 

domingo, 17 de agosto de 2014

Herramientas. Por Alfredo Zaiat



 
Productores de soja retienen parte de la cosecha. Exportadores del complejo agrario no liquidan dólares de sus ventas al exterior. Compañías celulares tienen una especial dedicación en defraudar a sus clientes. Bancos se especializan en cobrar comisiones ocultas en letras muy pequeñas en los contratos. Grandes cadenas de comercialización cobran en línea de caja un precio superior al que figura en góndola. Fabricantes de aceites, yerba y azúcar limitan el abastecimiento al mercado. Firmas líderes en la producción de insumos difundidos (acero, cemento, aluminio, químicos y petroquímicos) ejercen posición dominante en su actividad abusando de pequeñas y medianas empresas. Laboratorios aumentan los precios de medicamentos en forma desproporcionada en relación con cualquier alza de costos. Prestadoras de servicios públicos privatizados no atienden a sus clientes. Fabricantes de alimentos modifican el packaging, con menos cantidad, como si fuera un nuevo lanzamiento para subir el precio. Mediante estrategias de comercialización y marketing ofrecen en las góndolas productos con precios acordados junto a otros prácticamente idénticos con valores con diferencias de más 200 por ciento. Fabricantes de electrodomésticos tienen una tendencia a brindar garantías deficientes, servicios técnicos onerosos y entregar productos fallados sin posibilidad de cambiarlos. Las administradoras de tarjetas de crédito se equivocan con una frecuencia sorprendente el monto de la facturación o se dedican a intimar pagos de deudas inexistentes. Proveedores del servicio de Internet engañan con falsas promociones y no cumplen con la velocidad de conexión prometida al cliente.
Cada una de estas prácticas económicas y comerciales de productores de mercados sensibles y empresas con posición dominante les reporta una ganancia adicional a su habitual generada por el giro de sus negocios, perturba el funcionamiento del encadenamiento económico hacia las pymes y castiga el bolsillo de los consumidores, además de la molestia y pérdida de tiempo que les ocasiona cuando padecen alguna de esas defraudaciones. El libre funcionamiento del mercado sin regulación estatal abona el terreno para desarrollar esos comportamientos que favorecen la concentración económica y la desigualdad. El Estado siempre interviene en la economía; cuando no fija normas para restringir esos abusos o cuando lo hace para limitarlos.
La reacción coordinada de las cámaras del establishment empresario contra un proyecto de ley que busca mejorar la actual Ley de Abastecimiento tiene un objetivo que excede el contenido de esa norma. La mira apunta a restringir la capacidad de intervención del Estado en la economía. Esta resistencia es la manifestación más transparente del poder económico en su aspiración de limitar la regulación estatal para seguir abusando de consumidores y de eslabones débiles de la cadena productiva. Los argumentos son tan repetidos que parecen gastados: "ataque a las empresas", "genera incertidumbre", "no fomenta la inversión privada y perjudica el empleo", "impacta negativamente en la previsibilidad y estabilidad", "afecta la transparencia de los mercados y el clima de negocios". Todos lugares comunes del discurso de la construcción de la economía del miedo al servicio de preservar privilegios.
Las herramientas normativas que hoy tiene el Estado –que existen también en las economías desarrolladas que tanto admira el establishment local– para evitar el castigo a consumidores por parte de grupos concentrados, como así también para proteger a pymes del abuso de posición dominante de grandes firmas, son:
- Ley de Defensa del Consumidor (24.240): estipula mecanismos de actuación de la Secretaría de Comercio en la resolución de conflictos empresa-consumidor. Fija sanciones ante el incumplimiento de ofertas o trato discriminatorio hacia el consumidor.
- Ley de Lealtad Comercial (22.802): permite a la Secretaría de Comercio actuar como contralor en la información y difusión de los productos a comercializar. Aplica sanciones ante información errónea o engañosa en las características o cualidades de los productos.
- Ley de Defensa de la Competencia (25.156): busca evitar que las empresas se aprovechen de situaciones privilegiadas o dispares en relación con sus competidores dentro del mercado. Otorga a la autoridad de aplicación la facultad de autorizar operaciones de fusiones y adquisiciones y penalizar actividades anticompetitivas (cartelizaciones y abusos de posición dominante).
- Ley de Abastecimiento (20.680): habilita a actuar en toda la cadena de valor, regulando la distribución de renta entre los distintos eslabones de la producción, industrialización y comercialización, y evitando distorsiones generadas por subas abusivas o artificiales de precios, acaparamiento de materias primas o cese arbitrario de la producción.
La oposición empresaria más exaltada dirigió sus críticas hacia el proyecto que pretende modernizar esta última ley, que pasaría a denominarse de regulación de las relaciones de producción y consumo. Los empresarios no quieren debatir cambios en la iniciativa oficial porque evalúan que ésta va a legitimar facultades de acción estatal que ya existen, pero a las que siempre se resistieron. No aspiran a modificar aspectos del proyecto, sino a eliminarlo, y también derogar la Ley de Abastecimiento. La propuesta superadora del Gobierno es la oportunidad que encontraron para presionar para desterrar la capacidad de regulación estatal en mercados concentrados.
¿Cuáles son los cambios para fortalecer el Estado que generan tanta intransigencia empresaria?
- Se crea el Observatorio de Precios, que será un nuevo organismo técnico interdisciplinario e interministerial que fundamentará técnicamente la aplicación de las leyes de las cuales la Secretaría de Comercio es autoridad de aplicación.
- Se proponen modificaciones en las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial para brindar mayor capacidad de sanción para la Secretaría de Comercio. Aumentarán los montos de las multas interpuestas por aplicación de estas leyes y por la eliminación del efecto suspensivo a las multas por las impugnaciones (solve et repete).
- En la ley de Defensa de la Competencia se reafirma el funcionamiento actual de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia como órgano competente para la realización de dictámenes en la materia, los que servirán de apoyo a las resoluciones de la Secretaría de Comercio.
- Se sustituye la Ley de Abastecimiento (20.680) por una nueva de Regulación de las relaciones de producción y consumo, que deroga artículos cuestionados por inconstitucionalidad relativos a: expropiación, intervención de empresas y sanciones de arresto. A la vez, aumentan las posibilidades de intervención de la Secretaría de Comercio en todos los eslabones de la cadena de valor (producción, industrialización, comercialización), y le brinda mayor poder sancionatorio por eliminación del efecto suspensivo a las multas por impugnaciones judiciales.
- En el plano de las sanciones las multas máximas subieron de un millón a 10 millones de pesos, se prevé la clausura de establecimiento por hasta 90 días, inhabilitación por dos años para créditos, suspensión del registro de proveedores del Estado, entre otros. Se eliminó la posibilidad de que empresarios vayan a la cárcel por un período de hasta 90 días que podía extenderse hasta los 4 años, y se incorporó la "pérdida de concesiones, privilegios y regímenes impositivos".
Este marco normativo es necesario pero no suficiente para proteger a consumidores y pymes, puesto que luego se requiere de voluntad política y capacidad de gestión para aplicarlo.
La resistencia empresaria a estas iniciativas del gobierno de CFK tiene el objetivo de preservar sus intereses, pero a la vez implican limitar derechos de los consumidores. Entre ellos, el de contar con información precisa y completa sobre precios, calidad y características de los bienes y servicios de consumo para posibilitar la toma de decisiones de cada consumidor en función de sus intereses. Al mismo tiempo, debilitar la capacidad de intervención del Estado, privándolo de herramientas efectivas para promover una distribución equitativa del excedente a lo largo de las cadenas de valor, la protección a los actores más débiles de esa cadena, para asegurar las condiciones de competitividad en la economía y mejorar la capacidad de acceso de los consumidores a los bienes y servicios comercializados en el mercado interno. A todo esto que hace a la construcción del bienestar social se oponen todos juntas en hilera las cámaras empresarias representativas del poder económico.
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sábado, 16 de agosto de 2014

La democracia que pensaron los Griegos, esté amenazada. Vuelan buitres sobre el sistema.(otros están adentro)

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aguarda datos de la AFIP para elevar el caso del presunto fraude a los Estados Unidos.

Leandro Renou
La Comisión Nacional de Valores (CNV) enviará la próxima semana un detallado informe de la presunta quiebra irregular de la empresa gráfica Donnelley, que fue noticia el jueves luego de que el gobierno comunicara que uno de los dueños de la firma es el fondo especulativo BlackRock, que compró la parte a NML, de Paul Singer. La entidad que conduce Alejandro Vanoli recibirá en las próximas horas el detalle de la denuncia penal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que especifica la comisión de delitos como posible quiebra fraudulenta y violaciones a la ley de delitos económicos. El informe tiene datos extra relacionados con la operatoria de la firma y sus directores. Estos se sumarán a los que trascendieron ayer: la declaración de pérdidas por U$S 20 millones como justificación de la quiebra, cuando en realidad la empresa mostraba un patrimonio neto superior a los U$S 40 millones, con activos por U$S 180 millones.
En el ámbito nacional, la causa de la quiebra express quedó bajo la tutela del Juzgado Federal 3, a cargo de Daniel Rafecas, que lleva el pedido de Nación de aplicar, a raíz de estas conductas, la Ley Antiterrorista.
En paralelo a esta movida, los organismos de control oficiales ya empezaron a realizar pesquisas en otras empresas vinculadas a fondos buitre y especulativos, para detectar abusos económicos y fraudes financieros (ver aparte).
En línea con lo anunciado por la presidenta de la Nación en torno al pedido de aplicación de la Ley Antiterrorista, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, explicó a Tiempo que la normativa "pone en tela de juicio los métodos de estos fondos para desestabilizar a un país". Por esta razón, consideró que hay chances de avanzar en esa línea. "Parece muy fuerte la figura utilizada, pero es la única figura posible", dijo el funcionario a este diario. Y agregó que "la operatoria de los holdouts a través de sus empresas repartidas por el mundo es siempre la misma: desestabilizar, hacer bajar acciones, tenerlas y luego cobrarles a los países por valores que no pueden pagar nunca". De hecho, el organismo está realizando un estudio en torno a la conducta del cierre de empresas como herramienta especulativa para desestabilizar a países. Así, Sbatella mencionó la posibilidad de que haya embargos a la firma, siempre y cuando el juez Rafecas considere que existe una relación entre la quiebra y un delito económico de afectación nacional.
Por su parte, el jefe de la CNV, Vanoli, le bajó la tensión a la polémica en torno a la posible aplicación de la ley a otras cuestiones, como las manifestaciones de trabajadores, y defendió la herramienta para casos como el de Donnelley. "El derecho a la protesta social está fuera de discusión", apuntó y aseveró que "queda absolutamente claro que el gobierno está persiguiendo a quienes perjudican a la clase trabajadora con estos delitos de fraude económico". Para el presidente de la CNV, el espíritu de esta ley, aprobada en diciembre de 2011 junto a la norma que pena a quienes financien acciones destinadas a sembrar zozobra sobre la población, tiene que ver con "perseguir a los delincuentes de guante blanco que comenten crímenes en perjuicio de los trabajadores".
Si bien existen negociaciones por posibles compradores para Donnelley (ver aparte), Rafecas convocó a declarar a los titulares de la empresa, con las cabezas y los gerentes fuera del país. Cabe señalar que además de BlackRock, que le compró su parte al fondo NML –principal litigante por la deuda argentina–, en la empresa gráfica conviven otros fondos internacionales tales como Capital World Investors, y The Vanguard Group. Ambas empresas tienen participaciones accionarias en corporaciones de peso mundial.  «

viernes, 15 de agosto de 2014

La democracia como forma de gobierno se transformó en un instrumento de poder buitre

CRISTINA KIRCHNER ANUNCIO QUE EL GOBIERNO HIZO UNA PRESENTACION CONTRA LA IMPRENTA DONNELLEY EN EL MARCO DE LA LEY ANTITERRORISTA

Una denuncia por alteración del orden económico
La Presidenta vinculó a la firma, que se presentó en quiebra, con los fondos buitre. La acusó de buscar "crear temor".
La presidenta Cristina Kirchner encabezó el acto en el Salón de las Mujeres ante gobernadores, ministros y legisladores.
Por Nicolás Lantos

La Ley Antiterrorista será aplicada por primera vez en la Argentina: el gobierno nacional denunció a la imprenta Donnelley, que se había declarado sorpresivamente en quiebra este lunes, "por alteración al orden económico y financiero" y por intentar "crear temor en la población" al cerrar sus puertas de forma injustificada, dejando a cuatrocientos trabajadores en la calle. El anuncio de la acción penal lo hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer por la tarde, en un acto en la Casa Rosada. Allí vinculó a la multinacional que tiene su planta en la localidad bonaerense de Garín, a través del fondo de inversión Black Rock, con el grupo NML que dirige de Paul Singer y que reclama ante el juez neoyorquino Thomas Griesa al país el pago de 1300 millones de dólares de deuda no reestructurada. También señaló a funcionarios del Poder Judicial local por haber colaborado con esta "quiebra express", que enmascara, según dijo, un intento de desestabilización política.

"Este gobierno jamás impulsará ninguna ley para perseguir a los trabajadores, al pueblo o a la sociedad. Son leyes para proteger a los argentinos", aseguró CFK al anunciar que solicitó para este caso, y por primera vez, la aplicación de la Ley Antiterrorista, que en su momento había sido duramente criticada por partidos de izquierda e incluso sectores del oficialismo por considerar que podía poner en peligro derechos laborales, sindicales y de protesta. La denuncia, que recayó en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, pide que se investigue a Donnelley por fraude fiscal y evasión, por forjar una quiebra fraudulenta, y solicita la aplicación de esta norma, que implica penas más fuertes, ya que considera que la maniobra no estaba justificada por la situación económica de la empresa, sino que tuvo como único fin "alterar el orden económico y financiero, y crear terror en la población".

Para sustentar esta afirmación, la Presidenta reveló vínculos entre la imprenta, una multinacional que tiene base en Chicago, con los fondos buitre que litigan contra la Argentina en los Estados Unidos por el cobro de bonos de deuda no reestructurada. Según la mandataria, Paul Singer era dueño del 7 por ciento de las acciones de Donnelley, un paquete que hoy se encuentra en manos de otro fondo de inversión, Black Rock, a través del cual el titular de NML operó para retirar la empresa del país con fines de desestabilización política. En ese sentido, Fernández de Kirchner trajo a colación las palabras del presidente de Aurelius, otro de los grupos en litigio en el juzgado de Griesa, Mark Brodsky, quien hace dos días había amenazado al Gobierno con que "lo peor está por venir" si no pagan lo que se reclama.

"Los fondos buitre no quieren arreglar. No es solamente avaricia y codicia sino una decisión política y geopolítica de querer volver a endeudar la Argentina, y tirar abajo de cualquier modo la reestructuración de deuda soberana", agregó CFK, que le contestó a Brodsky: "Nos gustaría saber qué es lo que está por venir". También apuntó contra los "buitres de adentro" que "defienden a esta gente y defienden actitudes como ésta, amenazantes e hirientes para la soberanía y la dignidad nacional", y lo relacionó con la decisión del juez Gerardo Sandiglia de otorgar una "quiebra express" a Donnelley apenas un día hábil después de que lo solicitara una empresa que "no tiene problemas económicos". Para la mandataria "hay un proyecto claro de volver a endeudar a la Argentina y darle papelitos a cambio de los recursos naturales", y hay agentes extranjeros y locales coligados en ese esfuerzo, lo que amerita la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Además se realizará una segunda denuncia por maniobras fraudulentas contra Donnelley ante el Security and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, el órgano gubernamental encargado de supervisar los mercados financieros en ese país. La imprenta es una de las empresas líderes mundiales en ese rubro, con ventas por más de 10 mil millones de dólares al año, que desde hace tiempo es vinculada con diversos fondos especulativos, entre los que están Black Rock y Paul Singer, pero también otros personajes muy vinculados con el mundo de las finanzas como Sanfor Weill (ex CEO de Citigroup) y Fred Eckert, un ex Goldman Sachs y actual "estrella" entre los buitres, tal como lo describe The New York Times.

Estos anuncios se hicieron en el marco de un extenso acto en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada. "Hay muchos temas para hablar y, como no sale por cadena nacional, voy a aprovechar", había advertido la mandataria al comienzo de su discurso, que tuvo lugar luego de que se otorgara un nuevo plan de viviendas que beneficiará a 18 provincias (ver aparte). Junto a ella estuvieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. También había más de diez gobernadores y, entre los invitados, en las primeras filas había una importante presencia de dirigentes sindicales, además de diputados nacionales, secretarios de Estado y funcionarios de segundas y terceras líneas.

La Ley Antiterrorista fue una reforma al Código Penal impulsada por el Gobierno a partir de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera), con el objetivo original de evitar el lavado de dinero como fuente de financiamiento del terrorismo internacional, agravando las penas de una serie de delitos ya establecidos cuando estuvieran vinculados con "la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Una primera versión de la norma fue aprobada en el año 2007; y la definitiva, a fines de 2011. Fruto de una serie de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos, quienes temían que la ley se usara para perseguir luchas sociales y gremiales, la última modificación incluyó un agregado que exime de su alcance los hechos que "tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional". Con la denuncia contra la imprenta Donnelley será la primera vez que se va a aplicar la Ley Antiterrorista, sostuvo ayer la Presidenta.

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miércoles, 13 de agosto de 2014

Tigre: un municipio seguro para el lavado de dinero

El especialista Norberto Emmerich analiza Nordelta, el barrio privado que sobresale en el municipio del norte del GBA. Narconegocios en el exclusivo country.

Por Norberto Emmerich

La operación "Fondo Blanco" consistió en varios procedimientos realizados en Tigre a fines del año 2013 donde se incautaron 114 kilos de cocaína y se detuvo a varias personas de nacionalidad colombiana acusadas de narcotráfico y lavado de dinero. Según afirma la diputada nacional de UNEN, Elisa Carrió, el ex intendente de Tigre, Sergio Massa, habría alertado a los implicados, a través de Walter Mosca, un arquitecto acusado de lavado de dinero en esa misma causa, sobre inminentes procedimientos en su contra.

Por su parte Sergio Berni, secretario de Seguridad, había afirmado en medio de las campañas legislativas del año 2013 que los narcos colombianos habían elegido al complejo Nordelta, en el partido de Tigre, para vender drogas, invertir, lavar dinero y refugiarse.

A pesar de los fines electorales de las declaraciones de Sergio Berni lo cierto es que la justicia y la policía están preocupadas por el despliegue de los carteles colombianos en Argentina, sobre todo Los Rastrojos, y en segundo lugar Los Urabeños.

Allí en Nordelta, la ciudad privada más grande y exclusiva del país, sigue viviendo bajo arresto domiciliario la esposa del narco colombiano Jesús Yepez Gaviria, jefe del grupo apresado en el operativo Fondo Blanco. También vivió allí la esposa y los dos hijos de Henry de Jesús Londoño, alias "Mi Sangre". Los hermanos John y Anthony Grajales, socios de Yepez Gaviria, se instalaron en Las Glorietas, uno de los barrios de Nordelta. El narco extraditado Ignacio Álvarez Meyendorff también vivió allí. Ruth Martínez, la ex esposa del "loco" Daniel Barrera, líder de Los Rastrojos, vivía y fue detenida en Nordelta.

"Tanto Nordelta como la Asociación Vecinal Nordelta desde hace un tiempo prolongado colaboran con las autoridades correspondientes de los poderes Ejecutivo y Judicial para el proceder correspondiente frente al flagelo terrible del delito de narcotráfico". Así dice un comunicado difundido por los Administradores de la Ciudad privada.

Llama mucho la atención que la administración de un barrio, responsable de cobro de expensas, alumbrado, limpieza y algunas pocas cosas más deba pronunciarse expresamente como colaboradora de las autoridades en temas de narcotráfico.

Un sector de la oposición política argentina considera a Tigre como el bastión de las políticas de seguridad. Para el intendente de la localidad, Sergio Massa, la seguridad debería transformarse en la carta de presentación exitosa de su carrera a la presidencia.

Sin embargo los "1000 ojos" que todo lo ven en las calles y generan una fuerte sensación de control no consiguen aún desarmar la percepción de inseguridad en Tigre, donde se apostó a la tecnología para intentar acorralar al delito.

En el partido los agentes de vigilancia particular duplican a los uniformados de la Policía de la provincia porque un 35% de la población vive en barrios privados. A varios kilómetros de ahí, sobre la avenida Constituyentes en General Pacheco, muchos comercios trabajan enrejados y los comerciantes se quejan por la insuficiencia del patrullaje y la falta de vigilancia en algunos barrios. Tigre es un municipio con una seguridad fuertemente desigual.

El crimen organizado convierte a la "Pequeña Colombia" (Nordelta) en una ciudad privada hipersegura para sí que disemina inseguridad en los barrios más pobres y alejados del propio partido y del país.

José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la AFIP, cuenta que los guardias de seguridad de Nordelta les pidieron que se sacaran los chalecos para no asustar a los vecinos. La principal desarrolladora de Nordelta, Oda Constructora, está investigada por narcotráfico y sus bienes están congelados por la justicia. Walter Mosca, el conocido arquitecto del Operativo Fondo Blanco, es su titular. El monto congelado por lavado de dinero asciende a 600 millones de dólares, considerado por Sbatella como el mayor congelamiento de fondos en la historia de América Latina.

En consecuencia, los narcos no viven en Tigre porque es más seguro, sino porque allí realizan sus negocios de lavado de dinero proveniente del narcotráfico colombiano. Ese lavado se realiza a través de negocios inmobiliarios en la ciudad privada de Nordelta y se concretan específicamente a través de Oda Constructora, la empresa de Walter Mosca, el protegido por Sergio Massa.

 

lunes, 11 de agosto de 2014

Los cipayos de los buitres. Imperdible


¿Donde se esconden los buitres en Argentina?


Inseguridad juridica


(in)seguridad jurídica
Por Alfredo Zaiat

Las audiencias que convoca el juez Thomas Griesa están perdiendo atractivo porque se han convertido en el canal de respuesta de los fondos buitre a la defensa política del gobierno argentino. Griesa no decide nada de los temas pendientes a partir de requerimientos de terceros afectados. La audiencia de ayer estuvo motivada por los avisos legales publicados por Argentina en diarios nacionales y del exterior. Griesa amenazó con el desacato del país, sin precisar si involucra a toda la población o si deja fuera a los colaboracionistas locales de los buitres; afirmó que "Argentina debe dejar de engañar y decir que pagó", cuando él mismo autorizó pagos y demuestra que ni leyó el prospecto de emisión de los bonos del canje y el contrato con el fiduciario (Bank of New York); y se quejó de las opiniones y solicitadas del Gobierno. Griesa ya dictó su extravagante sentencia y si ahora quiere responder a las declaraciones políticas de funcionarios del Gobierno tiene la posibilidad de escribir un editorial en La Nación que probablemente se la publicará con entusiasmo.

Con su fallo y sus confusas audiencias, Griesa favorece los intereses de los fondos buitre, provocando situaciones insólitas que impactan negativamente en la seguridad jurídica de la plaza financiera de Nueva York. Las más relevantes son las siguientes:

1. Un juez de Nueva York impide el pago de bonos emitidos por Argentina denominados en euros, bajo jurisdicción de la ley inglesa, pagaderos por un banco de Luxemburgo a bonistas con domicilio en Bélgica.

2. La orden para cumplir la sentencia a favor de fondos buitre afecta derechos de terceros (bonistas del canje).

3. Esa sentencia involucra a una entidad financiera (Bank of New York Mellon) ajena al litigio para bloquear el pago de vencimientos de deuda reestructurada.

4. Hace lo mismo con otras encargadas de distribuir también ese dinero entre bonistas del canje: JP Morgan, Euroclear, Clearstream y Citibank.

5. La situación del Citi reúne una particularidad: una sucursal de sociedad extranjera (Citibank Argentina) inscripta en el país conforme los términos del artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y autorizada por el BCRA para operar dentro del sistema financiero argentino, siendo una entidad de derecho privado, sujeta a las normativas y regulaciones de las entidades bancarias operantes en Argentina, le pide permiso a un juez de Nueva York para girar el dinero a los bonistas.

El comportamiento del Citi Argentina es insólito por el doble estándar que ha aplicado para definir sus acciones financieras en el país. En este caso responde a órdenes de Griesa, como si la filial local tuviera inmunidad diplomática y fuera estadounidense. En cambio, cuando se desplegó el corralito, una de las grandes estafas a los ahorristas, el Citi Argentina afirmó que su casa matriz no se hacía responsable de la devolución del dinero retenido de los inversores que confiaron en el respaldo de ese banco extranjero. Después de esa violación a la confianza del inversor, el Citibank empezó a aclarar que las obligaciones de su sucursal local "resultantes de sus operaciones son pagaderas en Argentina y únicamente con los activos de la sucursal de Citibank N.A. en Argentina", según la Ley 25.738 y Comunicación "A" 3974 del BCRA. Pese a que esa situación es explicada por el mismo banco en el Documento de Disciplina de Mercado, de marzo de 2014, exigido por el Banco Central, donde debe divulgar en su página web la información básica vinculada con el riesgo, estructura y gestión, ha solicitado instrucciones a Griesa sobre cómo proceder con el pago de los intereses de los bonos argentinos del canje sujetos a ley y jurisdicción argentina.

Es otra extravagancia más derivada del juicio buitre que el Citibank en Argentina decida según las circunstancias que es una filial local sin responsabilidad de su casa matriz (durante el corralito) o una sucursal argentina que tiene que proteger a su sede central por la orden de un juez estadounidense.

Tribunales de primera y segunda instancia con jurisdicción en Wall Street han promovido un evento financiero inédito con esas extrañas consecuencias para beneficiar a un grupo de fondos buitre. Consagraron el privilegio de unos acreedores sobre otros estrujando el principio pari passu (igual trato), abordaron el caso como si fuera un contrato entre dos sujetos privados cuando una de las partes es un Estado soberano, afectaron derechos de terceros (bonistas del canje), involucraron a una entidad financiera ajena al litigio (Banco of New York Mellon) para bloquear el cobro del dinero del vencimiento de bonos pagado por el deudor. Son todos hechos que han puesto bajo cuestionamiento a Nueva York como una plaza financiera segura.

En los años de expansión de la globalización dominada por las finanzas, organismos multilaterales de crédito, grandes bancos internacionales y las potencias mundiales han recomendado a las denominadas economías emergentes brindar seguridad jurídica a inversores extranjeros para ser beneficiadas de la afluencia de capitales. Ese concepto en el ámbito de las normas legales consiste en garantizar la certeza del derecho a empresas e individuos de modo que su situación jurídica y patrimonial no fuera alterada por leyes, normas administrativas o fallos judiciales. En ese sentido, la seguridad jurídica está vinculada con la previsibilidad de las decisiones de los diferentes poderes del Estado.

Esta es la melodía monocorde que repiten políticos y empresarios conservadores respecto de la Argentina. El concepto de seguridad jurídica fue aplicado en su máxima expresión en beneficio de multinacionales y acreedores externos en la década del noventa. En esos años se sancionó una nueva ley de inversiones extranjeras equiparándola a las nacionales. Se firmaron Tratados Bilaterales de Inversión con más de medio centenar de países que establecen como tribunal competente uno dependiente del Banco Mundial (Ciadi) en caso de litigios por cualquier cambio en la política económica, por ejemplo la desdolarización de tarifas. También se resignó la jurisdicción local a favor de la de Nueva York en la emisión de bonos de deuda.

La plaza financiera de Nueva York no ofrece hoy seguridad jurídica por la imprevisibilidad de las decisiones del Poder Judicial estadounidense.

El Poder Ejecutivo de Estados Unidos tiene la posibilidad de recuperar la credibilidad del centro financiero mundial para cobijar la emisión de deuda soberana. Pese a la soberbia de los promotores de la ignorancia, que arremetieron contra el ministro Axel Kicillof por reclamar la intervención de la administración Obama, existen antecedentes en ese sentido: el presidente George W. Bush bloqueó la incautación de bienes del Congo-Brazzaville en Estados Unidos por parte del fondo buitre de Paul Singer invocando que esa acción estaba interfiriendo con la autoridad exclusiva del presidente para dirigir la política exterior. Es lo que tiene que informar Barack Obama al juez Thomas Griesa para detener el castigo a la plaza financiera de Nueva York.

Es lo que ha reclamando Kicillof. La intervención de Obama no estaría motivada entonces por un caso judicial que condena a la Argentina, sino fundamentalmente para preservar la seguridad jurídica de la meca financiera global. El fallo Griesa ha alterado el supuesto de que en Nueva York existe una mayor protección a inversores extranjeros ante imprevistos normativos o de discrecionalidad de jueces. No fue en Buenos Aires, sino en Nueva York donde los bonistas no pueden cobrar. Aquí están recibiendo sus dólares sin problemas. La mayor seguridad jurídica de Nueva York sobre la de Buenos Aires ha quedado herida por el fallo Griesa. Los inversores con bonos de deuda emitidos bajo legislación argentina hoy están más seguros que los que se rigen bajo jurisdicción neoyorquina.

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viernes, 8 de agosto de 2014

El golpe de clarin que nadie denunció

Adolfo Rodríguez Saá denunció que fue "volteado" por Clarín

El puntano dijo que un "golpismo democrático" armado por el Grupo, que quería pesificar su deuda, lo alejó de la presidencia en 2001.

El actual senador Adolfo Rodríguez Saá, quien fuera presidente de la Argentina por una semana durante la crisis de diciembre de 2001, volvió a poner sobre el tapete el rol del Grupo Clarín en aquel momento como punta de lanza de los sectores empresarios que presionaron para que sus deudas en dólares fueran pesificadas y la diferencia endosada al Estado argentino. "(Desde el Grupo Clarín) fueron los creadores del golpismo democrático", definió ante las cámaras de C5N el ex presidente, quien mencionó, entre las razones que ocasionaron su salida anticipada del poder y sellaron su renuncia a la presidencia, su negativa a pesificar esa deuda privada, decisión que –dijo– lo enemistó con el multimedios y el resto del establishment empresarial que intentaba "licuar" sus deudas millonarias en dólares.
"Ellos querían que se nacionalizara la deuda de los sectores privados. Querían que yo hiciera lo que hizo (Eduardo) Duhalde, la pesificación asimétrica", recordó el ex gobernador de San Luis ante el periodista Gustavo Sylvestre, al referirse a ese establishment. "(Querían) que los sectores privados pagaran en pesos la deuda en dólares que tenían, y que de la diferencia, de miles de millones de pesos, se hiciera cargo el Estado", recalcó. Cuando el periodista le preguntó si esos sectores empresariales le plantearon la pesificación, Rodríguez Saá asintió con un "por supuesto" y recordó que "el único papel que estaba en el escritorio de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia era el proyecto de pesificación asimétrica, el borrador, que era exactamente el mismo que se firmó después. Lo encabezaba el Grupo Clarín y los empresarios, los industriales de la época, que son los mismos de ahora", subrayó el legislador puntano.
En medio de una de las mayores crisis económicas de la historia argentina, con un gran descontento social, fuertes protestas en el Congreso y un justicialismo dividido, Rodríguez Saá, rememoró en los estudios del canal de noticias, dijo "no" a las pretensiones de Clarín. Previamente, el denominado "corralito" y la crisis socieconómica que alcanzó su punto álgido en las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 determinaron, el 20, la renuncia del presidente Fernando De la Rúa. Ese mismo día se hacía cargo del Ejecutivo el presidente de la Cámara de Senadores Ramón Puerta, quien convocó a una asamblea legislativa para elegir un nuevo presidente. El 23, asumía Adolfo Rodríguez Saá, quien renunciaría el 30 de diciembre. Entonces, tomó el poder el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Camaño, quien convocó a una nueva asamblea legislativa para nombrar un nuevo presidente. Así, el 2 de enero de 2002 asumiría Eduardo Duhalde como presidente interino. El 3 de febrero de 2002, Duhalde firmó el Decreto 214/2002 de "reordenamiento del sistema financiero" que estableció, entre otros puntos, que "todas las deudas en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o naturaleza, serán convertidas a pesos a razón de un peso por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera. El deudor cumplirá con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada."
Los sectores encabezados por el Grupo Clarín que impulsaron la pesificación asimétrica "voltearon a un presidente y después a otro", denunció el legislador de San Luis. «

 

jueves, 7 de agosto de 2014

Historias argentinas


El hermano de Oscar "puño" Montoya rememora los años "pasionales" y "rebeldes" del militante en La Plata y Caleta Olivia
Los sueños que Jorge al final pudo soñar
Cuenta cómo el joven le explicó que debía conjurar el miedo. Y la infructuosa peregrinación familiar para dar con él.
Gerardo Aranguren
Gotas de agua - \"Puño\" Montoya (izq) y Guido Montoya Carlotto, una trama de parecidos que incluye la música y la biología.
Jorge Montoya recuerda de manera muy vívida la imagen de su hermano, Walmir Oscar, alejándose en bicicleta por las calles de La Plata y la evoca, más de 30 años después, cuando "Puño", como lo conocía la familia, se convirtió también en el padre de Guido Montoya Carlotto, el nieto 114º hallado por Abuelas de Plaza de Mayo.
Ese día en La Plata fue la última vez que vio a su hermano, asesinado por la última dictadura. Con 16 años, Jorge había viajado desde Caleta Olivia para visitarlo y mantuvo un encuentro breve por razones de seguridad ya que "Puño" militaba en Montoneros y estaba clandestino. "¿Tenés mucho miedo?", le preguntó Puño, como buen hermano mayor, y agregó: "Quedate tranquilo; si te hubiesen seguido ya me hubiesen limpiado", recordó ayer Jorge, flamante tío de Guido. La conversación se grabó en su memoria y volvió al conocer que, con la restitución de la identidad a Guido, hijo de Laura y nieto de Estela de Carlotto, se recuperó también la historia de su hermano.
"Son muchas sensaciones, difíciles de explicar. Mi vieja está feliz y muy emocionada", resumió Jorge en diálogo con Tiempo Argentino y reconoció la locura que vive desde el martes a la tarde, cuando escuchó la noticia por la radio y sacudió la siesta de Caleta Olivia.
Ahora esperan conocer al nuevo integrante de la familia, quien vivió hasta el martes bajo el nombre de Ignacio Hurban en Olavarría, pero no quieren apurar los tiempos: "Es el tiempo de Guido, cuando él nos diga nosotros vamos a ir a conocerlo."
IDÉNTICOS. El parecido físico entre Guido y su padre es increíble. Pero más asombroso es el legado musical del que es parte el joven: Guido es músico al igual que lo fueron su padre y su abuelo. "Cuando vi la foto de Guido tocando el piano me acordé de una foto de mi papá, que tocaba el saxo en la banda de YPF. Mi hermano también era músico, tocaba la batería. Había hecho un trío y quería vivir de eso", recuerda Jorge.
Los Montoya son oriundos de Santa Cruz. Allí llegó su padre después de la Guerra Civil española. Se instaló en Cañadón Seco, un pueblo petrolero, y pudo entrar a YPF a través de la banda de la empresa estatal.
La familia fue luego a vivir a Caleta Olivia, donde Jorge y "Puño", cinco años mayor, crecieron. Su hermano lo describe como "muy pasional y rebelde". Cuando volvió del servicio militar, empezó a militar en política. "Primero se fue a conocer la explotación en las minas de Río Turbio, donde había mucha injusticia, después empezó en la Juventud Peronista y se hizo montonero", recordó.
Por esa militancia se tuvo que ir de Caleta Olivia, cuando la policía y los servicios de Inteligencia lo comenzaron a seguir de cerca. Junto a otros compañeros partió primero a Trelew y luego a La Plata. En la capital bonaerense conocería a Laura.
"Nos comunicábamos como podíamos. Al principio lo hacíamos por teléfono, pero nos dijeron que estaban pinchados y lo empezamos a hacer por carta que traía algún compañero de él que no era conocido en el pueblo. Teníamos un código: en la medida que no supiéramos nada, mi viejo y mi vieja estaban a salvo. Inclusive tenemos muy pocas cosas de esa época, muchas fotos y cartas las tuvimos que quemar", se lamentó.
El SECUESTRO. Cuando la familia dejó de recibir esas pocas comunicaciones, supieron que algo le había pasado a "Puño". En noviembre de 1977, el joven y Laura, con dos meses de embarazo, fueron secuestrados. "Algo le pasó a 'Puño' porque no puedo soñar con él", le dijo a Jorge su madre, Hortensia Ardura. Comenzaron la búsqueda, mandaron cartas a la CONADEP, viajaron a Buenos Aires para hacer la denuncia.
En los últimos años, la familia entregó sangre al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y en 2009 pudieron dar con sus restos. Fue enterrado como NN en el cementerio de Berazategui. "El EAAF se quedó con algunos restos para analizar. Lo demás lo cremamos y sus cenizas y las de mi viejo las dejamos en el campo donde nos criamos", contó. «

martes, 5 de agosto de 2014

Como las torres gemelas. Se cae el liberalismo.

Desorientados

Es una de las voces más escuchadas de la señal estadounidense CNN en Español. Columnista del diario Miami Herald y muchas de sus notas se reproducen en La Nación de Argentina. Andrés Oppenheimer es un fiel representante del periodismo de derecha, de aquellos que mantienen la mirada sobre Sudamérica de ser "el patio trasero" de los Estados Unidos.

Jorge Cicuttin
Desorientados
Es una de las voces más escuchadas de la señal estadounidense CNN en Español. Columnista del diario Miami Herald y muchas de sus notas se reproducen en La Nación de Argentina. Andrés Oppenheimer es un fiel representante del periodismo de derecha, de aquellos que mantienen la mirada sobre Sudamérica de ser "el patio trasero" de los Estados Unidos.
Desprecia sin miramientos a los gobiernos sudamericanos que se alejan de los mandamientos del Norte. Furibundo anticastrista y antichavista, ubica en su propio "eje del mal" a los gobiernos de Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff y, por supuesto, al de Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre los años de gobierno kirchnerista, Oppenheimer ha escrito: "Durante los últimos once años, la presidenta y su difunto esposo han dilapidado la mayor bonanza económica que ha vivido este país en la historia reciente. Gran exportador de soja y otras materias primas, la Argentina se benefició como pocos países del crecimiento de China. Pero en lugar de invertir en mejorar la calidad educativa, salud e infraestructura derrochó esta bonanza externa en una fiesta populista de subsidios masivos y corrupción. Como muchos lo anticipamos, la economía se desplomó”.
Está claro quién es, cómo piensa y cómo juega ideológicamente.
Bueno, este señor acaba de escribir en el Miami Herald: "Odio tener que estar de acuerdo con el gobierno de Argentina, pero tiene la mayor parte de la razón en su disputa con los tenedores de bonos que llevaron al default de la Argentina".
Agregó que "sin entrar en detalles técnicos, el fallo del juez de 83 años de Nueva York a favor de un pequeño grupo de tenedores de bonos argentinos sienta un precedente peligroso para la economía mundial por lo que es casi imposible que los países endeudados para tratar de renegociar sus deudas".
Para el columnista, "el fallo de Griesa puede tener consecuencias internacionales negativas que pueden ir mucho más allá de Argentina. Cualquier país debe ser capaz de negociar sus deudas con la mayoría de sus acreedores privados, sin ser rehenes de un grupo pequeño. Un nuevo sistema legal para manejar las deudas del gobierno a los inversionistas privados debe ser encontrado. En eso, Argentina tiene razón", concluyó.
Quien escribió esto, y lo admite, es un señor que "odia" que el gobierno de CFK haya tomado la posición correcta frente a los fallos de la justicia norteamericana –el juez Thomas Griesa, la Cámara y la Corte Suprema–, a favor de los fondos buitre.
Pese a su "odio", reconoce que la Argentina tiene razón.
Y por eso el de Oppenheimer es un buen ejemplo.
El camino correcto asumido por el gobierno nacional está siendo ratificado por las encuestas que muestran no solo el acompañamiento mayoritario de la población en la lucha contra los buitres sino el sostenido aumento de la imagen positiva de Cristina y la confianza en su administración.
Los últimos dos ejemplos: una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), rebela que la imagen positiva de CFK llegó en julio a más del 54% y que el ministro Axel Kicilliof llegó al 52%, a partir del enfrentamiento con los buitres.
En el mismo trabajo, el 61% cree que el gobierno está tratando el tema de manera correcta y responsable. En otra encuesta, la consultora Ibarómetro encontró también una valoración favorable del 52% de los encuestados para la forma en que el gobierno nacional manejó el tema buitres. Y el 56% espera que la oposición respalde al gobierno en esta negociación.
Este último dato no es menor. Y deja en claro por qué un sector de la oposición está desorientado ante esta situación.
Después de la ratificación de la Corte Suprema del fallo de Griesa y ante la inminente posibilidad del default, la oposición salió con los tapones de punta contra el gobierno nacional y lo acusó de ocasionar un problema que dejaba indefenso al país y condicionaba a los gobiernos que llegarán después de 2015. Mauricio Macri fue el más directo al señalar el camino de salida: "Se debe pagar todo tal como lo pide el juez."
Pero en el mes que pasó y en la medida en que el gobierno caracterizó correctamente el conflicto con los fondos buitre y dejó en claro las razones –claúsula RUFO mediante-, por las que era mucho más dañino para el país cumplir con lo dictaminado por Griesa, la oposición pasó por distintas etapas hasta que pasó en parte al silencio y en parte a criticar a los buitres.
Les costó, les cuesta, apoyar al gobierno nacional en esta batalla. Pero las recriminaciones por la forma en que se llevó adelante la negociación fueron bajando en intensidad.
Sólo la voz de la inefable Lilita Carrió salió a denunciar que se estaba "malvinizando el conflicto". Pero, raro en ella, no subió la apuesta por considerar que es mucho lo que está en riesgo.
Están desorientados.
No pueden apoyar a los buitres.
Criticar con virulencia al gobierno nacional los enfrenta con la mayoría de la población que espera preocupada por una salida favorable del conflicto.
Hablar directamente de un default es hacerse cargo del "lenguaje buitre".
Y todavía no se animan a seguir el camino de Oppenheimer: los odiamos –a los kirchneristas–, pero en esta oportunidad tienen razón y hay que apoyarlos en su reclamo.
Hasta Hugo Moyano habría tomado nota de la situación y estaría postergando el llamado a una jornada de paro y concentracón en Plaza de Mayo. La que en principio iba a ser en la primera quincena de agosto, ahora pasaría para septiembre.
Ven las encuestas. Ven la reacción de la población. Y ven que la imagen presidencial y la confianza en el gobierno están subiendo.
Esto los incomoda. Los desorienta. Esperemos que encuentren en camino correcto.

sábado, 2 de agosto de 2014

Griesa, el facilitador de negocios para buitres

Un comunicado de Economía advierte sobre una “posible estafa millonaria” con los seguros contra default, allanada por el juez Thomas Griesa y el supuesto mediador Daniel Pollack. Pidió que la CNV investigue y pida información a la SEC de EE.UU
 
 
 
El Ministerio de Economía detalló en un comunicado difundido anoche que el juez Thomas Griesa ha estado conduciendo las audiencias para favorecer negocios de fondos buitre. En el mismo momento en que se desarrollaba un nuevo encuentro en el juzgado de Griesa, una institución financiera internacional decretó que Argentina está en default para facilitar así el cobro de los seguros contra default, instrumentos financieros que estaban en poder de fondos buitres y otras entidades financieras. Economía sospecha que la delegación del pedido del stay (paraguas legal) a los buitres ha sido una decisión de Griesa para permitir que esos fondos pudieran cobrar esos seguros. En ese mismo comunicado que cuestiona al juez también se extiende la crítica al ejecutor de la sentencia, Daniel Pollack. Además, denuncia posibles “maniobras especulativas” facilitadas por esos dos protagonistas del juicio para que fondos buitre estuvieran en condiciones de cobrar esos seguros. Por ese motivo, Economía notificó a la Comisión Nacional de Valores esta situación y le solicitó que se inicie una “exhaustiva” investigación que determine si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre.
Economía insiste con sus críticas al juez destacando que hasta el momento revela que su actitud, lejos de impartir justicia y generar condiciones equilibradas entre las partes, busca favorecer a los fondos buitre. Se pregunta: ¿cómo puede ser que haya delegado en los fondos buitre la decisión de dar un stay a la Argentina, cuando estos mismos fondos podían tener ganancias multimillonarias si no arreglaban? “Nunca mejor aplicada la frase ‘juez y parte’. Pero lo más grave es que ya no estaríamos ante la conocida figura de ‘utilización de información privilegiada para favorecerse’, figura condenada internacionalmente por todos los organismos de contralor, sino que estaríamos ante un insólito caso donde una de las partes, con la ayuda del juez, provoca los hechos que luego la favorece”, indica Economía con el objetivo de descubrir el circuito para que fondos buitre terminen cobrando los seguros contra default.
La cartera conducida por Axel Kicillof evaluó que “ante esa posible estafa millonaria”, que pretende que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil, pero también por los derivados financieros que se cobran cuando la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés) lo decide, la CNV deberá solicitar a la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) información precisa sobre las transacciones con esos títulos, para investigar “si los propios fondos buitre, por sí, o a través de terceros, obtuvieron ingentes beneficios al no alcanzar un acuerdo”.
Economía sospecha que el juez Griesa sigue sin resolver nada en las audiencias que convoca porque su objetivo es beneficiar a los fondos buitre, y precisa que en esta instancia es para que puedan cobrar los Credit Default Swaps, lo que ha sucedido (ver aparte). El comunicado lo dice en forma directa: “Una vez más el juez llamó a una audiencia para no resolver absolutamente nada en relación a los fondos de terceros que mantiene inmovilizados. De este modo, lejos de mantener el statu quo, como lo ha denunciado la República, vuelve a favorecer a los fondos buitre, en dos sentidos”.
El primero de ellos se refiere al impedimento de cobro a bonistas del canje, que es considerado por Economía como una vía que “pretende someter a la Argentina a una verdadera extorsión para que pague a los fondos buitre lo que pretenden, aun cuando el propio juez sabe perfectamente que tal pretensión implica la violación de la ley argentina, así como de los contratos con el 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje (cláusula RUFO)”.
El segundo aspecto señalado es que esa decisión de Griesa puede ser “una maniobra encaminada a que los fondos buitre, directamente o a través de otras sociedades, cobren seguros de default que ellos mismos han reconocido que tienen”. Economía explica que ayer se conoció que la sociedad privada ISDA, en la que participan los mismos fondos buitre, dio lugar al pago de los seguros de default por un monto cercano a los 1000 millones de dólares. El comunicado aclara que “si bien esto no implica que la República deba pagar absolutamente nada, ya que son transacciones entre privados, favorece a unos privados a expensas de otros e intenta instalar el mensaje que Argentina se encuentra en default”.
Sin embargo, como ya lo han reiterado el ministro y la presidenta CFK, Argentina no considera “bajo ningún punto de vista” la existencia de un default. El comunicado explica por qué: en primer lugar, porque dentro de las previsiones que figuran en el prospecto, en el punto 4.1 bajo el rótulo “Casos de Incumplimiento”, ninguno de ellos refiere a un bloqueo de cobro por parte de un juez. Además, porque en ese mismo prospecto el apartado referido a los factores de riesgo prevé una situación de este tipo, otorgando el debido aviso a los acreedores que decidieran adquirir estos títulos.
Economía también observó la parcialidad del denominado special master, mencionado como intermediario pero que en realidad es un ejecutor de sentencias financieras, Daniel Pollack. En la audiencia de ayer, los abogados que representan a la Argentina habían pedido reemplazarlo, pero Griesa lo denegó. Kicillof considera que Pollack ha demostrado a través de su último comunicado “una manifiesta parcialidad en favor de los fondos buitre”. Dice que se ha excedido absolutamente en sus incumbencias y atribuciones al calificar de “default” el impedimento de cobro que el mismo juzgado de Griesa impuso a algunos bonistas. Adelanta que el Gobierno reiterará la solicitud de reemplazo del mediador por escrito en el juzgado de Griesa
Página/12